Muchas veces, detrás de los fríos números se esconde una grave y preocupante realidad, como ocurre con el informe de la Síndica de Greuges, donde señala que las quejas en esta institución se han disparado un 31 %, afirmando que la crisis y los recortes están poniendo en riesgo la pervivencia del sistema de protección social, tal como hemos conocido por Levante-EMV. Si a este demoledor dato le unimos el hecho de que somos la autonomía que menos gasta en servicios sociales, casi la mitad que la media estatal, no cabe duda de que algo se está gestionando mal por el Consell, más allá de las presiones que llegan de Madrid.

El problema no es sólo que el Gobierno valenciano haya abandonado su función social y de protección a los más desfavorecidos, sino que esto lo ha hecho en un proceso de enmascaramiento normativo, que le dota de cierto aroma de legalidad. Así, recordaremos que hace aproximadamente un año, distintas asociaciones representativas de la discapacidad, entre ellas APPEII, presentaron queja ante el Sindic por la supresión de la gratuidad de los medicamentos a los menores con discapacidad, tras la publicación de este recorte en el DOCV. A día de hoy, y con una resolución del Sindic en la que se reconoce su ilicitud, la Consellería de Sanidad sigue sin respetar los derechos de estos menores valencianos.

Lo mismo ha sucedido con el copago en discapacidad, donde los usuarios de centros ocupacionales, centros de día o residencias, se han visto sorprendidos con otra norma del DOCV por la que se imponían unas cuantías desproporcionadas para conservar su plaza. Ni las protestas, ni los recursos han servido y muchos se ven obligados a dejar sus centros.

La semana pasada conocimos que Fevalcee está siguiendo el mismo camino, impugnando por vulneración de derechos fundamentales otra norma autonómica publicada en el DOCV. En este caso, la eliminación de un elevado porcentaje de las ayudas al sector del empleo para la discapacidad, puede provocar que este tipo de empresas sociales, que generan en la Comunitat Valenciana más de 5000 puestos de trabajo y que suponen el 0,3 % del PIB nacional, se vean ante el abismo de tener que cerrar sus centros.

Vivimos en una época donde los ciudadanos deben pasar por los tribunales para hacer valer sus derechos frente a un Consell que, con una absoluta falta de ética, está disfrazando los recortes bajo la apariencia de legalidad que le concede el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana (DOCV). Se está gobernando a golpe de orden de consellería, sin que en muchos casos las mismas respeten un elemento esencial y que dota de seguridad la actuación del Estado, como es el principio de legalidad. Si el ciudadano no cree en sus instituciones o no confía en que actúen con corrección, para poco sirven las webs de transparencia o los aparentes cambios de época anunciados por el presidente Fabra.