Wert & Gomendio

01.07.2014 | 22:19

ice en el diario Levante-EMV (27-10-12) una pregunta: ¿cabe articular una ley de educación en un tiempo como el nuestro, endurecido por las necesidades, en el que reina por doquier el desasosiego y la incertidumbre y en el que no existe atisbo alguno de consenso entre nuestros representantes en las Cortes? La respuesta dada fue a mi entender tan precisa como clara: parece que no cabe y que, por tanto, la reforma educativa, siendo necesaria, no es oportuna.
Han pasado los meses y junto con la nueva ley nos encontramos con un Ministerio de Educación hecho trizas, pues estamos hablando de un departamento gobernado por una pareja (Wert/Gomendio) en el que a lo largo de dos años la secretaria de Estado ha destituido y nombrado a dos secretarios de Universidades, tres directores generales de Cooperación, dos directores generales de Política Universitaria y dos directores generales de Formación Profesional. Para hacerse una idea de la armonía y acuerdo con que se atienden los intereses comunes de la educación y de la cultura, basta con destacar lo que es sabido de todos: las malas relaciones políticas de José María Lassalle con el ministro Wert y, de paso, con la secretaria Gomendio. A todo ello se une ahora que el director de Evaluación y Cooperación territorial del ministerio también ha desaparecido; su cargo ha pasado a ser ocupado por José Ignacio Sánchez, otro de los asesores de Monserrat Gomendio. Aún podría abundar ofertando otros nombres que han participado de este baile de asesores y cargos. No es preciso. El Ministerio de Educación es un nudo de intrigas y acechanzas, caldo de cultivo del desgobierno.
Me temo que este desarreglo en la dirección de los equipos de trabajo ha tenido ya una profunda incidencia. No se habla de la nueva ley. Los titulares de la prensa local de nuestros cuatro puntos cardinales no pueden ser más ilustrativos y solo parecen traducir una preocupación. Todo parece girar en torno a un temor: «Los padres temen que la Lomce obligue a comprar libros nuevos». Cada uno de los titulares que tengo sobre la mesa merecería un comentario. No puedo evitar uno al apreciar la multiplicación de sueltos solicitando ayudas para el material escolar: visto el techo de gasto (129.300 millones de euros) fijado en los presupuestos generales, no se puede decir que atender a cada niño que lo precise de modo que tenga sus libros de texto y su material no sea algo al alcance del presupuesto nacional; una prioridad absoluta y que debería ser bien administrada. Ahora bien, lo más llamativo y más grave es que existen comunidades autónomas que no se dan por aludidas ante la nueva ley; comunidades en las que no se han publicado aún los decretos relativos a los contenidos y directrices; no se anuncian políticas de formación y debate del profesorado que ha de participar en la nueva ley, etcétera.
Este baile desordenado de instrucciones y cargos puede dejar para el arrastre a la educación, pero también a otros sectores que, como el editorial, se ha creído que hay una ley y que entraría en vigor tal como el ministerio ha dicho. ¿Ha sido razonable tanta premura en el desarrollo de la Lomce? Creo que no. ¿Está siendo ordenado con claridad su proceso de implantación? Creo que no. ¿Tendrá coste para el sector editorial en su conjunto esta política carente de proyectos vinculados, por ejemplo, al desarrollo y aplicación de las TIC en la enseñanza? Es claro que sí. ¿Tendrá coste para este sector un desarrollo desnortado de la Lomce? Sin duda. Todo parece abundar en una dirección: a la desgana con que unos la aceptan y a la oposición con que otros la reciben sólo le faltaba que unos y otros deban implantarla con precipitación. Probablemente sólo los evangelizadores de Apple tengan futuro, pues el espacio educativo parece estar desertizándose.



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