Al final cayó la reforma sobre el aborto impulsada por el ministro de Justicia, y con ella, quien fuera el político más pre-dimisionario de los últimos años. Gallardón ha amenazado en muchas ocasiones con dejar la política, pero parece que ahora es la definitiva, o eso es lo que nos ha dicho en su rueda de prensa. Estamos ante una decisión difícil de creer, puesto que se trata de una persona que en los últimos 30 años no ha conocido otro oficio, más allá de las sillas en cargos públicos. Por ello, quizás dentro de unos meses lo veamos fichando por alguna gran multinacional, que parece la segunda residencia de muchos políticos, o más aún, retorne para encabezar alguna de las candidaturas del PP en la maltrecha Madrid.

Sea como fuere, que el presidente Rajoy vaya a dejar en el cajón de los olvidos su reforma, es un éxito conjunto de todos los españoles, que han demostrado una gran madurez democrática en una cuestión tan compleja, defendiendo los derechos y libertades de la mujer. En estos días, todos han puesto el foco de atención en la oposición, las grandes organizaciones feministas o las asociaciones de juristas que defendieron la vigencia de la actual ley. Sin embargo, no sería justo olvidarnos de los cargos del PP que con valentía mostraron su disconformidad con el ministro y con el propio Gobierno central.

No sólo es una cuestión de números y votos, sino que al final se trataba de sentido común. Eso mismo subrayaron nombres del PP como la vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, el del presidente de Extremadura, José Antonio Monago, el del presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, o el propio portavoz adjunto del PP, Rafael Hernando. Como todos ellos aseguraban, estábamos frente a una reforma no demandada por la sociedad y que carecía del necesario consenso, retrotrayéndonos a los tiempos anteriores a 1985, donde se legislaba en blanco y negro.

Algunos sectores quisieron plantear el debate entre el derecho a la vida o el aborto, pero los ciudadanos supieron reconocer que lo que estaba en juego eran los derechos fundamentales de la mujer, y porque no decirlo, también de la pareja, a la hora de poder decidir sobre su sexualidad y una maternidad responsable, siempre dentro de esos límites y plazos existentes, donde el propio Tribunal Constitucional nunca ha hablado de ser humano al referirse al nasciturus.