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El Instituto Nacional de Estadística (INE) nos informaba a los ciudadanos el pasado jueves de que la prostitución y el tráfico de drogas, amén de suponer sendos delitos, son actividades económicas que mueven cerca de 9.000 millones de euros en el reino de España. La noticia se servía no a título curioso ni festivo; se trataba de preparar el terreno para que cuando entre en vigor el nuevo sistema de calcular el Producto Interior Bruto no nos coja en babia.

¿A santo de qué el cambio que, se quiera o no, dota de un cierto barniz de legitimidad dos sectores hasta ahora de lo más sumergidos en el descrédito? Para quienes se llamen a escándalo, las autoridades que controlan (es un decir) nuestra economía han advertido acerca de los efectos beneficiosos que tiene el tomar en cuenta el valor añadido de chulos y narcos para poder aliviar de ese modo el déficit de nuestro país y el alcance desmedido de la deuda pública. Al día siguiente de haber adelantado el importe que suponen tales vicios, el INE precisaba que entre el narcotráfico y la prostitución se eleva casi un 1% nuestra riqueza. Para ser más exactos, el primero supone un 0,5 % mientras que la segunda se queda en algo menos, el 0,35. Unas cifras que, por lo visto, se acercan bastante a las de nuestros vecinos de Italia y del Reino Nuevamente Unido, si bien Alemania y Portugal deben ser más pacatos porque no llegan ni a la mitad de esas cifras.

Una vez procesado el cuadro macroeconómico y advertidos de que es Europa quien nos obliga a hacer los cálculos de esa forma se me ocurre que tal vez nos hayamos quedados cortos a la hora de reconsiderar el producto económico. Si se añaden los resultados de camellos y burdeles es porque tales actividades existen y mueven dinero. Pues bien, ¿no podríamos, ya que estamos, incluir también el mayor y más próspero negocio de los últimos tiempos, es decir, los muchísimos millones que proporciona la corrupción? Bien mirado, sobornos y cohechos son tan rentables como los estupefacientes o el comercio del sexo y, en cuanto a su consideración tanto ética como penal, van hasta cierto punto de la mano.

Si Europa recapacitase y nos permitiera meter en los cálculos del INE los beneficios que dan los aeropuertos sin tráfico, las obras de coste hinchado, las recalificaciones de terreno y las subastas trampeadas podríamos hacer realidad lo que hoy día no es sino un ensueño del presidente del Gobierno: el convertir a España en la locomotora de la Unión. Bien es cierto que se trata de un tren con tufo a carbonilla y regusto cutre, pero tren al fin y al cabo. Quizá de esa forma no haya que lamentarse por haber concedido la condición de honorable a quien luego termina en la picota pública, que a la cárcel van pocos, de momento. Los prohombres atrapados en herencias dudosas, loterías bajo sospecha o contratos amañados sin más podrán reivindicar su consideración de héroes del Producto Interior Sucio.

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