Los presupuestos generales del Estado para la Comunitat Valenciana en 2015 no son, desde luego, para tirar cohetes. Es cierto que incluyen un incremento sensible del dinero asignado el año anterior, en torno al 28 % más, pero el punto de partida era demasiado bajo como para recibir las cuentas de Montoro con alegría.
En realidad, desde que se terminaron las obras de las líneas de AVE a Valencia y Alicante nada ha vuelto a ser lo mismo en esta ensalada contable de cada año hacia finales de septiembre. Y hasta cierto punto es lógico que sea así. Las líneas de alta velocidad son la inversión más cara que se puede efectuar por kilómetro. Cuando cesan los trabajos, la estadística se hunde, los gobiernos se deprimen y la oposición se viene arriba.
Fue la sociedad valenciana la primera que enarboló la bandera de la exigencia de mayores recursos para la gestión pública cuando empezó a notar en sus carnes los recortes en sanidad, educación, servicios sociales y otras áreas. La Generalitat, competente en la mayoría de esos servicios, decidió achacar el origen de los problemas a la escasa financiación que recibe del Estado, que no le da para pagar las facturas, y al final acabó creando un problema mayor, ya que dejó patente ante los ciudadanos que un Ejecutivo de su mismo partido, el PP, no accede a resolver la injusticia histórico-financiera que se comete con el pueblo valenciano.
Los empresarios, que generalmente son dóciles con el poder pero huelen la sangre en cuanto intuyen debilidad, han decicido elevar el listón de la reclamación ante Madrid, y por lo que dicen no están satisfechos. El único contento con las cuentas de Rajoy-Montoro debe ser Alberto Fabra, porque el documento le da oxígeno político. Un descenso de las inversiones habría sido una desautorización en toda regla, una invitación a abandonar. Pidió el corredor mediterráneo y, aunque en cantidad insuficiente, ahí está, en los papeles. Un día será realidad.
