El destrozo provocado en la sociedad valenciana por la mala praxis en la gestión de la cosa pública ha liquidado algunos de los buques insignia de la economía local. Pero algunos de los que han sobrevivido se encuentran ahora mismo varados en una peligrosa parálisis. Feria Valencia „al margen de las responsabilidades políticas derivadas del informe de la Intervención sobre los sobrecostes de la ampliación y que apuntan directamente a Rita Barberá„ está atenazada por una disquisición jurídica sobre su consideración como entidad pública o como entidad privada. De esa definición depende la hoja de ruta para su salvación trazada por el presidente José Vicente González y el director general, Enrique Soto. Y mientras, el puerto de Valencia, pendiente de las cuitas judiciales y posible relevo de su presidente, Rafael Aznar, ve impotente por su propia parálisis cómo sus competidores ganan terreno y adelantan estrategias.
La gravedad de la situación en ambos casos exige la adopción de decisiones inmediatas. Sin embargo, el bloqueo de sus tutores políticos amenaza con provocar daños irreversibles que en el caso de la institución ferial pueden derivar incluso en su desaparición. Pero parece que ocurrido lo ocurrido hasta aquí, ésa no sea una preocupación prioritaria para quienes tienen en sus manos evitarlo.
