La consellera portavoz, María José Catalá, decía el otro día en las Corts que después de los más de 1.600 trabajadores, que perdieron su empleo, el Consell era el gran perjudicado tras el cierre de la televisión autonómica, del que se cumple ahora un año. La también titular de Educación no se explayó en los motivos de su aserto, e insistió en el dolor de la decisión. La herida es grande, especialmente porque aquella noche del apagón televisivo, el ejecutivo valenciano se quedó desnudo ante los ciudadanos, sin el bello tejido adamascado que prácticamente desde su fundación había cubierto los errores y realzado los primores del ejercicio del gobierno autonómico.
Toda figura desaparecida tiende a ser mitificada y añorada por lo positivo, y la tele tuvo muchísimas cosas buenas: la normalización lingüística de dos generaciones; la dinamización del sector audiovisual autóctono; el reforzamiento de la identidad como pueblo y un largo etc. Pero también protagonizó episodios abominables, como las listas negras, la manipulación política de sus contenidos, la exclusión del disidente u opositor, el adoctrinamiento social y cultural, el mantenimiento de grandes bolsas de la plantilla que no desarrollaban absolutamente ningún trabajo, incluso a su pesar, y otro etc tan largo como el positivo o más.
Hoy es día de llorar aquel logo caído, aunque buena parte de la sociedad, en solo un año, ha amortizado el dolor y rellenado la cicatriz con otros bálsamos. Aún así, el servicio público, el que atiende a los asuntos y los eventos a los que no llega lo privado por falta de incentivos, está pendiente de ser garantizado, y no cabe esperar mucho de la llamada «TeleRus» a juzgar por lo que va trascendiendo sobre su paisaje y su paisanaje. Tampoco las palabras del presidente Fabra sobre una versión nueva y reducida de televisión pública tienen más valor que el del deseo. Los clavos de ese ataúd están bien metidos en la madera y a cualquiera le costará un riñón sacarlos.
