El Sindic de Greuges ha retratado esta semana, de una forma coloquial, pero totalmente comprensible para los ciudadanos, la situación a la que nos están llevando los recortes en política social. José Cholbi aprovechó su visita a las Corts para denunciar la situación que viven miles de valencianos, especialmente aquellos con mayor vulnerabilidad, afirmando que «hay momento que dan ganas de llorar de rabia al no poder solucionar lo que tan justamente piden personas y colectivos», tal y como informaba el diario Levante EMV.A pesar de que se trata de una institución designada por el parlamento autonómico, el Sindic de Greuges ha sabido ganarse una posición de respeto en la sociedad, promoviendo actuaciones que denunciaban sin cortapisas los desmanes de la administración valenciana. Por ello, cuando se hablaba de la necesidad de adelgazar ciertos órganos consultivos autonómicos, como podía ser el Consell Jurídic Consultiu, la Academia Valenciana de la Lengua, el Consell Valencià de Cultura u otras instancias interpuestas que tienen poca utilidad, más allá de convertirse en plácidos paraísos económicos de quienes las conforman, que además, actúan generalmente en absoluta sintonía con el gobierno de turno, todos convenimos en que la figura del Sindic de Greuges debe seguir plenamente vigente.

En un momento de crisis tan importante como el actual, donde puede producirse una cierta laxitud a la hora de meter la tijera en políticas sociales, es necesario que exista una institución a la que poder acudir y que le recuerde al Consell los límites que le impone la legislación.

Lamentablemente, las competencias del Sindic se reducen a la mera emisión de informes y recomendaciones, muchas de las cuales suelen ser desatendidas por la administración, un apartado que requeriría de una necesaria reforma. Sería aconsejable dotar de más contenido a las potestades que tiene atribuidas, puesto que una adecuada atención y cumplimiento de sus recomendaciones habría evitado un desgaste en la imagen pública de la Generalitat Valenciana y un coste judicial innecesario, obligando a acudir a la vía contenciosa a muchas personas que se han visto injustamente tratadas.

El Sindic, indistintamente de quién fuera su titular, ha mantenido su independencia respecto del poder político, y en las grandes áreas sociales de los últimos años ha sabido señalar, con acierto, el camino que debían seguir las distintas consellerías. De ese modo, y si al final el marco constitucional autonómico habilita la creación de estos cuerpos asesores o consultivos, no cabe duda de que sus actuaciones deberían ser más consideradas y atendidas.