Si en algo podemos coincidir todos sobre la etapa de Zapatero es en que las medidas legislativas estrella de su gobierno estuvieron marcadas desde el inicio por la polémica. No me refiere sólo a las que tenían un contenido más ideológico, sino que este hecho se repite incluso en la coloquialmente llamada ley de Dependencia, sobre la que nadie puede cuestionar sus bondades. Es evidente que no se trata simplemente de un mérito que pueda atribuirse a la oposición, sino que partiendo de un déficit de pedagogía jurídica del Gobierno, parece que los socialistas intentaron erróneamente patrimonializar esas leyes.

Seguramente por una información sesgada de los temas, no nos dimos cuenta de que la mayoría de esas normas eran la continuación de un proceso de avance impulsado a nivel internacional. Atribuir en exclusiva a Zapatero su titularidad, no sólo es injusto, puesto que le resta protagonismo a una sociedad española que ha sabido adaptarse a sus tiempos, sino que se las aboca a los vaivenes de la oportunidad política. Eso es lo que está ocurriendo con la interrupción voluntaria del embarazo, que desde la llega de Mariano Rajoy al gobierno ya le ha costado su carrera política a Ruiz-Gallardón y ahora parece que quiere volver a situarse en el centro del debate parlamentario, quizás por eso de desviar la atención hacia otros temas.

La crítica que se realiza al supuesto de interrupción voluntaria del embarazo para las menores de entre 16 y 17 años, que ahora quiere ser modificado por el PP, parte de lo que algunos llaman el imperio de la desinformación. Así, si acudimos a la actual regulación de ese supuesto, queda claro que con carácter general esas menores de edad deben ir acompañadas por un progenitor, que será informado de la decisión adoptada. Sólo en el supuesto excepcional de que se fundamente la existencia de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o desarraigo, la menor podrá prescindir de este requisito. Es decir, en ningún momento el legislador pensó en la posibilidad de que este supuesto se convirtiera en un cajón de sastre, empleado desde una supuesta falta de responsabilidad.

En definitiva, y como también se ha visto con la práctica, donde sólo el 3% de las menores emplea dicha fórmula, lo que se pretende es seguir el mandato de las Naciones Unidas y proteger a la menor en situaciones especiales. Es decir, nadie quiere privar a la familia de su derecho y su deber de acompañar a la menor en este delicado proceso, pero cuando ello la puede poner en riesgo, el Estado debe intervenir. No hacerlo, o fijar trabas, supone una clara dejación de funciones y abandonar a esas mujeres menores de edad.