El modelo de concesión administrativa por el cual las empresas privadas gestionan hospitales públicos en la Comunitat Valenciana, presta la asistencia sanitaria a cerca de 900.000 usuarios de los departamentos de Alzira, Torrevieja, Dénia, Manises y Elche Crevillente. Como consecuencia de la llamada marea blanca de Madrid, y por el cuestionamiento de la oposición sindical y política, el presidente Fabra y el conseller Llombart manifestaron que no se producirá la prórroga de las concesiones administrativas antes de las elecciones autonómicas, la
de Alzira en particular, que termina en 2018.
La preocupación de las empresas es máxima, ya que la posibilidad de un gobierno de distinto signo les genera inseguridad sobre la continuidad de sus proyectos. De ahí que, a través de la Confederación Empresarial Valenciana, se estén moviendo para que se prorroguen los contratos. CC OO tiene la convicción de que existen conversaciones para alcanzar un acuerdo sobre la base de prorrogar las concesiones, a cambio de que éstas condonen las cuantías por liquidación pendientes de abono por parte de la conselleria, si bien sobre éstas ha habido y hay importantes discrepancias.
Otro elemento a considerar es que el conseller Llombart, como interlocutor para un acuerdo podría generar recelos, porque proviene del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), hospital especializado en la enfermedad del cáncer y cuyo modelo es antagónico al modelo concesional. El IVO tiene vocación de ser referencia específica en el tratamiento oncológico y las concesiones dan cobertura a todas las prestaciones sanitarias en su ámbito.
En este contexto, Les Corts, con los votos del PP, han aprobado una resolución de apoyo a la colaboración público privada sanitaria. Esta resolución ha suscitado distintas interpretaciones. Para unos podría significar un empujón del partido a la prórroga de las concesiones que las dejara a salvo del peligro de un nuevo gobierno y, para otros, ha avivado un debate en un momento inoportuno porque hace que la oposición encone su postura contraria a renovarlas, con un escenario de elecciones muy próximo.
CC OO tiene una posición muy clara: las concesiones sanitarias tienen ánimo de lucro y, legítimamente, intentan obtener beneficio para los accionistas de sus compañías; por contra, en los centros de la Conselleria de Sanitat todo el presupuesto va destinado a la asistencia sanitaria. El modelo concesional, tal como también afirma la Unión Europea, nunca ha sido evaluado y, por tanto, no se puede decir que sea mejor. Todas las afirmaciones sobre los ahorros que genera al sistema son de parte y consiguientemente interesadas. Las condiciones laborales del personal son peores y las plantillas están menos dotadas; en la mayoría de los casos se producen incumplimientos del convenio colectivo.
En conclusión, CC OO propone que los partidos políticos hagan de este tema uno de los ejes de su campaña electoral y se comprometan a una reversión ordenada de los centros gestionados a través de modelo concesional. Debe ser la ciudadanía, a través de las urnas, quien determine la continuidad o no de dicho modelo.
