El pasado martes, el patio gótico del Palau de la Generalitat y una sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) acogían de forma simultánea dos actos en apariencia muy distintos entre sí, pero que en realidad estaban absolutamente conectados. Entre las venerables piedras del Palau (cada vez menos, visto como las están dejando sus últimos inquilinos) el presidente Alberto Fabra firmaba el decreto de disolución de las Cortes, mientras que en una de las salas del edificio que en su día fuera Aduana y Fábrica de Tabacos, el TSJ empezaba la vista de la pieza valenciana del caso Gürtel sobre la contratación de los pabellones de la Comunidad Valenciana en Fitur. En el banquillo de los acusados, Milagrosa Martínez y Angélica Such, dos exconsejeras de Turismo de la época de Francisco Camps, más toda la cúpula de la trama Gürtel: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, (aquel «amiguito del alma» de Camps, ya saben). El futuro y el pasado del PP discurrían en paralelo en un mismo día; pero es el pasado el que condiciona el futuro de los populares valencianos.
El presidente Fabra, sin embargo, no estaba para que nadie le hablara del pasado. Él, a lo suyo, a proclamar que durante la legislatura que ha concluido se «ha hecho el mejor trabajo posible en el peor momento». En esto último, lleva razón. Pero si «el mejor trabajo», ha consistido en dejar la tasa de paro, los índices de pobreza y las desigualdades sociales como las han dejado habrá que deducir que si esa es la mejor labor que saben y pueden hacer, es preferible dejar paso a otros para que intenten corregir el rumbo de esta Comunidad. El jefe del Consell -lo veremos en campaña- quiere jugar la carta del adanismo. El PP que existía antes de su llegada a la presidencia, no es su PP. Él no era de ese PP por más que muchos le viéramos en el hemiciclo de las Cortes Valencianas aplaudiendo y votando con fervor aquellos delirios de Francisco Camps que, de momento, ha llevado a dos de sus exconsejeras a sentarse en el banquillo de los acusados.
Se entiende que Fabra no quiera hablar del pasado y que cuando el líder de los socialistas valencianos le reclama un debate a dos antes de iniciarse la campaña electoral, ponga como condición que sólo se hable del futuro. Pero eso es un imposible. El pasado en política es como un bumerán, siempre vuelve. Eso es un hecho. El pasado es un fardo con el que tendrá que cargar durante toda la campaña electoral y por mucho que se empeñe en decir que él es otra cosa, nadie le va a comprar la burra. Uno no se puede reinventar cuando le conviene. Cómo era aquello de John Fitzgerald Kennedy? «Se puede engañar a todos poco tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo». Y Kennedy sabía de qué hablaba.
Tanto vuelve el pasado en política que ahí está el magistrado del TSJ, Juan Climent, al que su paso por una Secretaría General de la consellería de Presidencia allá por 1985, hace de esto 29 años, le puede costar un disgusto. El abogado de Pablo Crespo, uno de los cabecillas de la trama, pretende recusarlo alegando que había coincidido con Ximo Puig en Presidencia y por ser éste uno de los que firmaron la querella con la que los socialistas se convirtieron en acusación particular. No es cierto. Puig y Climent nunca coincidieron en el Palau de la Generalitat, con quien sí que coincidió el magistrado fue con Rafael Blasco, que fue quien le «fichó» para su departamento.
Todo no son males para el presidente valenciano. A Fabra (y a Mariano Rajoy) la Justicia le ha venido a ver con su decisión de aplazar el juicio hasta el 11 de junio. El primero se evita una foto diaria de sus conmilitones en el TSJ explicando qué hacían o qué dejaban de hacer en la consellería de Turismo durante toda la campaña electoral de las autonómicas y de las municipales. A Rajoy tampoco le viene mal el aplazamiento porque con la duración prevista de seis meses y ocho días se prolongará hasta después de las elecciones generales y eso le garantiza llegar a las urnas sin ninguna sentencia por corrupción.El TSJ no ha tenido más remedio que aplazar la vista durante unos meses porque de lo contrario el juicio caminaba hacia la nulidad que es lo que buscan la defensa de los acusados. La decisión del tribunal de parar el reloj solo busca extremar las garantías procesales de quienes se sientan en el banquillo. El recuerdo del caso Naseiro pesa demasiado como para no tenerlo en cuenta.
