16 de abril de 2015
16.04.2015

El Registro Civil, un negocio de familias

16.04.2015 | 04:15

Los Registros civiles existen desde 1871 y dependen desde su creación de la Administración de Justicia. Sus gestiones siempre han sido gratuitas porque se financiaban con los impuestos que pagamos las personas de este pais para que funcionen servicios públicos como éste. Siempre ha sido, por tanto, personal público el que ha gestionado estos asuntos a pesar de que desde entonces, han sido muchos los regímenes políticos y partidos que han gobernado España.

Pero a fecha de hoy, la situación va a cambiar por obra y gracia del Partido Popular, que ha considerado necesario que a partir de julio de 2015 sean los registradores de la Propiedad quienes gestionen los Registros civiles. Con su mayoría absoluta y sin acuerdo con ningún partido, ha aprobado la Ley 18/2014, con la que pretende conseguir mejoras que está por ver si disfrutaremos todos, o más bien los registradores que, como todo el mundo sabe, son personas que al ver minorados sus ingresos a causa de la crisis, necesitan de forma prioritaria la adopción inmediata y urgente de medidas como ésta para evitar que alguno sea desahuciado por su banco y acabe en la calle.

Lo cierto es que el gremio de registradores de la Propiedad está de enhorabuena. Hace poco, el Gobierno decidió pagarles 4 millones de euros. En realidad, y contando la historia desde el principio, antes en 2012, les encomendó la gestión de los expedientes de nacionalidad. Ante los murmullos de sospecha que buscaban ese gato encerrado que siempre acaba apareciendo, el entonces ministro Gallardón se comprometió expresamente a que tal encomienda no supondría gasto para la ciudadanía ni para las arcas públicas. Ahora, sin embargo, les van a soltar 4 millones para que puedan afrontar las inversiones necesarias para adaptar su capacidad informática. Así que lo que iba a ser gratis, ya no lo es.
Estos días, en el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles deben estar de festejo porque van a recibir la gestión de un servicio, el del Registro Civil, en el cual el Ministerio de Justicia ha invertido en los últimos años 129 millones de euros en su informatización y digitalización. Y aunque el compromiso es que la cesión no suponga gasto para el ciudadano, todos los precedentes indican que más a la corta que a la larga nos costará dinero, que es lo que suele pasar cuando se privatizan servicios públicos para convertirse en una fuente de ingresos. Sobre todo, si al colectivo beneficiario pertenece, vaya que casualidad, el mismísimo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, así como miembros de su familia y altos cargos del Gobierno.

La medida no sólo tiene un previsible coste económico. Según se prevé en la ley aprobada al efecto, sólo habrá oficinas del Registro Civil en las capitales de provincias donde existe un Registro Mercantil, lo cual no facilita precisamente la comodidad a la hora de realizar cualquier trámite. Por otro lado, los datos privados de millones de personas pasarán a manos privadas que podrán utilizarlos como consideren oportuno.
Ante esta dolorosa realidad, CC OO ha impulsado una Iniciativa Legislativa Popular para exigir la derogación de la ley. Pide firmas para aunar voluntades y explicitar una exigencia popular utilizando las escasas herramientas legales que hoy existen para que la ciudadanía se haga oir. Aunque, ciertamente no sólo es un problema laboral, sino un conflicto permanente de quienes contribuyen con sus impuestos y no reciben a cambio los servicios públicos gratuitos y de calidad que merecen. Si pueden, firmen. Si tienen un momento, piensen en el país que nos están dejando, donde casi todo tiene un precio que siempre pagan los mismos. Si son sensatos, actúen en consecuencia.

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