Pasados los comicios andaluces, se aproxima ya el resto de citas electorales, municipales, autonómicas y, finalmente, generales. Un reguero infinito de proclamaciones de candidatos, carteles publicitarios, mítines, debates, encuestas, recuento de papeletas y pactos que nos perseguirá sin tregua a lo largo del 2015. La regulación que contiene la Ley Orgánica del Régimen Electoral General resulta bastante precisa y detallada. Establece que los poderes públicos que hayan convocado elecciones pueden realizar, durante el período electoral, una campaña de carácter institucional, destinada a informar a los ciudadanos sobre la fecha de la votación, el procedimiento para votar y los requisitos y trámite del voto por correo, pero sin influir, en ningún caso, en la orientación del voto de los electores. Desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos, que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones. Asimismo, queda prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de estos, cualquiera que sea la denominación utilizada, sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en dicho período.

Por lo tanto, se entiende por campaña electoral, a efectos de la citada ley, el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones, en orden a la captación de sufragios. La campaña electoral comienza el día trigésimo octavo posterior a la convocatoria, dura quince días y termina, en todo caso, a las cero horas del día inmediatamente anterior a la votación. También se establece que desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campaña, queda prohibida la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales, no pudiendo justificarse dichas actuaciones por el ejercicio de las actividades ordinarias de los partidos, coaliciones o federaciones reconocidas en el apartado anterior. Se exige, pues, un riguroso respeto al pluralismo político y social, así como a la igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa en la programación de los medios de comunicación de titularidad pública en período electoral.

Sin embargo, y pese a todo lo anterior, la realidad no deja de mostrarnos continuamente un escenario caótico en el que se mezclan precampaña, campaña y postcampaña electorales, diluyéndose hasta confundir el afán de captación de voto con el mero acto político sin tal finalidad y condenando a los ciudadanos a una interminable y, en ocasiones, bochornosa carrera de marketing. Sin haberse iniciado aún el período legal de campaña, ya se pueden ver por nuestras calles numerosos carteles con las caras de los candidatos, se convocan mítines de innegable discurso electoralista y se encargan encuestas de intención de voto dispuestas a ser cocinadas. La encarnizada lucha por conseguir la victoria final nos perseguirá hasta final de año, casi doce meses padeciendo un clima enrarecido, turbio y desordenado.

Todas y cada una de las prohibiciones reseñadas en la referida ley orgánica serán convenientemente neutralizadas por medio de maquinaciones, eufemismos y disfraces varios. La pretendida pulcritud de los poderes públicos por no influir en el electorado, la supuesta imparcialidad de los medios de comunicación, el respeto a las fechas concretas de solicitud de voto o la nítida separación entre el candidato y el cargo público que ejerce sus funciones saltarán por los aires y, como viene siendo habitual, las artimañas para alcanzar el triunfo pasarán por encima del espíritu de las leyes, procediendo a su acoso y derribo. Dicen que en el amor y en la guerra todo vale. Me temo que, para demasiados, en la política también.