Coincidiendo con la declaración del 2015 por la FAO como Año Internacional de los Suelos, es obvio que el Derecho debe buscar una protección más adecuada y específica para el suelo agrario, como base de la calidad y salubridad de todos los productos de cultivo. Así, se hace necesario asegurar la continuidad y el adecuado relevo generacional en las explotaciones agrarias, que a su vez debe de orientarse a la calidad y excelencia, a la especialización, a la mejora en las infraestructuras, al aprovechamiento de las TICs o a la internacionalización, garantizando al mismo tiempo la viabilidad y rentabilidad de este tipo de inversiones y explotaciones.

Por ello resulta esencial proteger de forma adecuada los valores añadidos del suelo agrario, que evita la desertización y sirve de soporte al medioambiente y al paisaje, creando ecosistemas de gran valor y aportando calidad de vida a los entornos urbanos. Pero lo bien cierto es que se echa de menos, en la legislación urbanística actual, de clara raigambre urbana, categorías jurídicas propias para el suelo agrario de especial valor medioambiental o cultural, que a parte de su reconocimiento y protección, proporcionen aprovechamientos adicionales a los propiamente agrarios.

En definitiva, se debe desarrollar una nueva legislación del suelo desde una perspectiva exclusivamente agraria, pues el suelo agrario es base y esencia de nuestro territorio y columna vertebral del sector agroalimentario, que junto con el turismo son sectores básicos y estratégicos de la Comunitat Valenciana.