25 de abril de 2015
25.04.2015

Incomptabilidad ética

25.04.2015 | 04:15

Carece que la Agencia Tributaria está tomando el pulso a la actualidad, convirtiéndose en azote de nuestros políticos. Esta semana, la nueva entrega tiene que ver con la investigación que podría estar llevando por los sueldos cobrados por Federico Trillo y Martínez Pujalte. Según se ha podido conocer, el actual embajador de España en Londres, polémico ministro de Defensa y presidente del Congreso de los Diputados, habría cobrado 354.560 euros en tres años de asesoramiento a una empresa de construcción, dedicada a la obra civil, mientras que Pujalte, conocido diputado y que públicamente ha dicho no renegar de su amistad con muchos de los imputados del PP, se embolsó en un año 75.000 euros de esa misma empresa.

Mientras no se demuestre lo contrario, estoy convencido de que las actividades de asesoramiento que pudieron realizar estos dos diputados o sus despachos estaban dentro de los límites marcados por la legalidad. Pero que una cosa sea legal, no significa que también lo sea moral. La incompatibilidad parlamentaria, o mejor dicho para este caso, la prohibición del ejercicio de actividades públicas y privadas, se entiende como el límite legal destinado a impedir que miembros de la función pública o cargos púbicos, en el ejercicio de sus funciones, puedan simultanear ciertas ocupaciones con su mandato. Con ello, el legislador persigue no sólo garantizar su independencia, sino evitar casos donde el político pueda aprovechar su cargo para beneficiar a terceros.

Aunque se pudiera pensar que la legislación vigente es especialmente restrictiva, como ha señalado el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, si repasamos el articulado donde se regulan las mismas, queda claro que hay margen suficiente para la interpretación. Cuando determinadas actividades privadas pueden ejercerse con la debida autorización de la Cámara, o cuando los servicios de asesoramiento no están refrendamos por un trabajo tasable, sino que se ciñen al «gran conocimiento de la economía y del país» que puede tener alguien, está claro que entramos en un terreno resbaladizo. En ese ámbito, debe primar lo ético frente a lo legal, y para cualquier ciudadano, incluida la Agencia Tributaria, resulta sorprendente que altos cargos de la política puedan llevar a cabo ese tipo de actividades, aunque las mismas estén refrendadas por un acuerdo del pleno del parlamento y cumplan con los requisitos formales exigidos.

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