25 de abril de 2015
25.04.2015

El odio y su rentabilidad

25.04.2015 | 04:15

Por segundo año consecutivo, el Ministerio del Interior ha hecho público que en España se cometen crímenes de odio y que en la Comunitat Valenciana tenemos las cifras más elevadas, junto con Cataluña, Madrid, País Vasco y Andalucía. Esta nueva tipología de delito se motiva jurídicamente en prejuicios al que es diferente, prejuicios que se traducen después en insultos, maltratos, violencia o incluso asesinatos. Llega ahora en España un esperado informe que el resto de Europa ya elaboraba desde hace más de una década, mientras nosotros vivíamos estadísticamente ajenos al problema, excepción hecha de organizaciones como Movimiento contra la Intolerancia o valientes fiscales como Miguel Ángel Aguilar en Cataluña, pionero en perseguir este tipo de delitos.

Aquí, en la Comunitat, se han denunciado 219 casos, tal como ha publicado Levante-EMV. Delitos que se cometen en la vía pública, en campos de fútbol, en centros religiosos o en lugares de trabajo. Se trata de cifras significativas que no son sino manifestaciones delictivas de un enrarecido clima social que, según revelan distintas encuestas de opinión, manifiesta una cada vez mayor permisividad hacia actitudes racistas y de rechazo al inmigrante desde la irrupción de la crisis económica. Un sostenido aumento de actitudes racistas que partidos como España 2000, Plataforma per Catalunya o el Movimiento Social Republicano esperan rentabilizar electoralmente en unos comicios en los que la alta fragmentación y el descrédito de los grandes partidos pueden aumentar la volatilidad del voto, como ya sucedió en las primeras elecciones democráticas españolas.

Existe, además, el riesgo y la posibilidad de contagio tras los buenos resultados cosechados en los últimos comicios europeos por casi todos los partidos radicales del continente. Los modelos del extremismo español son el francés y el griego, pero eso no significa que rehúyan sacar lecciones electorales de otros partidos y países como el de los ultranacionalistas finlandenses, por ejemplo, que acaban de revalidar el 18 % de apoyos, empatando con el partido conservador y superando a los socialdemócratas. El reparto de alimentos sólo para nacionales ha sido el pistoletazo de salida de una campaña electoral que espera recoger réditos también del auge de la islamofobia tras los atentados de París y las truculentas ejecuciones del EI. Atentados y ejecuciones que son objeto de gran atención en las redes sociales de las que se sirven nuestros partidos extremistas para sortear su escaso peso específico en los medios de comunicación tradicionales.

Son datos que, a diferencia del español, el Gobierno francés se ha tomado muy en serio. De hecho, su primer ministro, Manuel Valls, acaba de anunciar un plan jurídico, policial y educativo para perseguir los actos de antisemitismo e islamofobia tras su espectacular aumento en los dos últimos años. Es decir, que mientras la vecina Francia convierte la batalla contra el racismo y la intolerancia religiosa en una «causa nacional» „son palabras de Valls„, España se conforma con tímidas e insuficientes respuestas: hacer y publicar „por fin„ encuestas es un primer paso para reconocer el problema, pero insuficiente para solucionarlo.

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