Este, como cada año desde hace 20, los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo reivindicamos el 28 de abril como día internacional de la salud y seguridad en el trabajo, y este año bajo el lema "los recortes atentan contra la democracia y la salud en el trabajo", con el que pretendemos evidenciar cómo las políticas neoliberales de ajustes y cambios legislativos impuestos unilateralmente por el gobierno del partido popular, mercantilizan la salud de los trabajadores obedeciendo a los intereses económicos de unos pocos.

Desde UGT-PV reivindicamos unas condiciones de trabajo dignas, que no perjudiquen nuestra salud, entendida esta como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, tal y como cita el Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud.

En nuestro país la normativa asigna a los empresarios el deber de la prevención, el de ser los garantes de los derechos a la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Esta gran responsabilidad contrasta con la actual degradación de las condiciones laborales causada por la precarización del mercado de trabajo, las altas tasas de temporalidad, y el miedo a perder el empleo que han convertido nuestro derecho a la salud en papel mojado.

Por su parte, la falta de inversión en las empresas, un sistema de gestión preventiva más formal que real, o la inadecuada utilización de instrumentos como la vigilancia a la salud, hace que se incrementen enfermedades profesionales y las enfermedades relacionadas con el trabajo, lo que además supone el fracaso de las políticas preventivas que deben impulsar las administraciones públicas, en su deber constitucional de protección de la salud de las trabajadoras y los trabajadores.

La importante función de la vigilancia de la salud, es la de prevenir los daños a la salud en función de los riesgos a los que se está expuesto en el lugar de trabajo y así evitar que el trabajador enferme a causa de factores de riesgo presentes en su ámbito laboral. Por ello no debemos consentir que estos recursos se utilicen en algunos casos, como formulas de ajuste de plantillas, en lugar de conocer el grado de afectación derivado de la exposición agentes físicos, químicos, o psicosociales emanados de la propia organización del trabajo.

Pero hoy estar enfermo penaliza aun más desde el pasado 1 de enero, con la entrada en vigor de la llamada Ley de Mutuas, y los cambios introducidos en la gestión de la Incapacidad temporal que otorga mayor poder a las Mutuas. Esto supone una vuelta de tuerca más para los trabajadores y trabajadoras, situándolos como auténticos absentistas al endurecer el control médico sobre la duración de las bajas médicas diagnosticadas y dictaminadas por el personal médico de atención primaria, cuestionando así la labor de los servicios públicos de salud y dando un paso más hacia la privatización de estos servicios.

Por todo ello, desde UGT-PV en este año electoral, queremos hacer un llamamiento a los partidos políticos de la izquierda para que inicien un cambio de rumbo en las políticas y lograr su compromiso con la salud pública en general y con la laboral en particular.