El objeto de esta ley es sentar los principios generales para la puesta en funcionamiento de medios de comunicación audiovisual y en valenciano». Así se afirma en el preámbulo de una ley que entró en vigor el pasado martes y que se publicó el mismo lunes en el Boletín Oficial del Estado. Ya hemos entrado en período electoral y es ese momento en el que todo vale: por un decretazo nos quedamos sin televisión y por una ley (5/2015, del Servicio Público de Radiotelevisión Valenciana), nos volvemos a dar la posibilidad de resucitarla. Y es que «donde dije digo, digo diego» y no pasa nada. La memoria histórica no nos va a pasar factura ahora. ¿Es posible cerrar un medio de comunicación como era Canal9 y ahora los mismos que lo hicieron legislan para abrirlo por la puerta de atrás? Este Gobierno se hace trampas al solitario.

La misma ley establece los servicios que deberá tener el «nuevo» medio público para la Comunitat Valenciana. Entre ellos estarán: servicios de comunicación radiofónica; de comunicación audiovisual televisa; de comunicación audiovisual a petición y en movilidad. Parece que todo ello esta Comunidad no hace mucho ya lo tenía. Es más, quedan todas las infraestructuras, cerradas a cal y canto, que en pocos días, si hubiera voluntad, podrían abrirse y reparar el error cometido, según parece indicar esta nueva ley, completamente innecesaria si la cordura política imperase. Este mismo servicio público de radiotelevisión valenciana debe ser, según se indica en la ley, «veraz, plural, participativo y sometido al control democrático de la sociedad y de Les Corts» y además «preferentemente en idioma valenciano». Creo que no haría falta un comentario especial si no fuera porque parece que la nueva norma está perfectamente regulada para que una vez en marcha se cumpla todo lo que allí se dice, que a buen seguro es lo que quieren los profesionales que trabajen en esos medios de comunicación de la Comunitat Valenciana.

Los siete artículos de la ley, firmada por el presidente Fabra, no tienen ninguno de ellos desperdicio y creo que cualquier partido político los firmaría antes de unas elecciones. Pero tampoco son menos dignas de mención sus disposiciones adicionales. La tercera establece las condiciones de la puesta en marcha del servicio. Y fija que los nuevos medios no «deben suponer un incremento de la deuda pública de la Generalitat, ni un incumplimiento de la política y criterios de estabilidad presupuestaria y déficit público».

Dentro de esta disposición adicional tercera se establece la condición de que «no suponga minoración de las partidas destinadas a los servicios públicos de sanidad, educación y bienestar social». Y afortunadamente y dentro de la comprensión del actual presidente de la Generalitat, cree que la puesta en marcha de este servicio público no debe suponer «un incremento de la presión fiscal a los ciudadanos a través de los impuestos propios o cedidos». En fin, lo ya dicho, esto se llama en términos coloquiales, hacerse trampas al solitario.