Sin negar alguna de las virtualidades de la reciente reforma del régimen local español, ésta ha sido muy cuestionada especialmente en lo que se refiere a su negativa afectación a la autonomía y subsidiariedad del poder local. Sorprende que las líneas maestras de la ley „estrechamiento competencial de los municipios, rechazo del asociacionismo intermunicipal para la prestación de servicios, restricción de la autonomía municipal o sus tendencias recentralizadoras„ se correspondan tan poco con las tendencias generales imperantes a escala mundial, favorecedoras del empoderamiento de los gobiernos locales, de la colaboración intermunicipal, del fortalecimiento de sus fuentes de financiación y del principio de subsidiariedad y la consecuente repolitización de la escala local, aspectos tan presentes en la definición de las políticas públicas desde la Unión Europea.

En la nueva coyuntura de la globalización y de la incertidumbre sistémica, cada territorio debe buscar su propio camino, conocer sus recursos, valorar sus potencialidades, consensuar su proyecto de futuro y armarse de la voluntad necesaria para emprender el reto del desarrollo. La concepción cada vez más extendida del desarrollo es la de fomentar planteamientos estratégicos holísticos que movilicen recursos, innovación y participación. En términos políticos, se necesita gobernanza democrática.

Y en términos de planta local, la nueva coyuntura exige flexibilidad (por la diversidad de servicios a prestar) y gobierno multinivel. Hace falta potenciar el asociacionismo intermunicipal para la prestación de servicios con elementos incentivadores en cada caso de las mejores soluciones de escala, la reducción de niveles disfuncionales de gobierno local como las diputaciones provinciales, el cambio de la estructura y de la cultura de gestión de lo local desde la Generalitat Valenciana y una adecuada inserción del poder local de gobierno en su relación con los parlamentos autonómico y estatal.