l Gobierno de España pone en marcha una ley de transparencia; el Consell de la Generalitat activa una norma muy similar; decenas de ayuntamientos, diputaciones y organismos, entre ellos muchos partidos políticos, desnudan sus almas y sus haciendas en portales en los que ofrecen hasta los números de serie de los billetes con los que pagan la lotería de Navidad... Y en este marco tan cristalino hay por lo menos veinte alcaldes valencianos que optan a la reelección el domingo y que están en la lista negra de la Sindicatura de Comptes por no haber presentado los números de sus respectivos ayuntamientos en el plazo de que disponían.
Negar los números de la gestión pública al órgano supervisor legalmente señalado para ello resulta una falta de respeto a la democracia y a la ciudadanía de dimensiones considerables. Y obligar a esos servidores públicos a hacerlo debe ser mucho más fácil que publicar las listas de los paisanos que tienen dinero en Suiza; que se han acogido a las sucesivas amnistías fiscales o que han sido condenados por abusos a menores. Pero ahí están ellos. Ningún impedimento para que munícipes como el popular Arturo Torró, alcalde de Gandia, que aún no ha rendido las cuentas de 2013; o el socialista Miguel Chavarría, primer edil de Alboraia, intenten revalidar su título.
Se ha avanzado mucho contra los tránsfugas, pero no tanto contra la opacidad en la gestión. Algunos cargos públicos acumulan condenas administrativas por no facilitar la información que tienen la obligación de entregar en determinadas circunstancias, pero no hay avances en el terreno penal, donde quizás las demandas y las sentencias serían más eficaces. En última instancia, siempre quedará la Guardia Civil, parar entrar en los ayuntamientos rebeldes y sacar los cajones con documentos para llevarlos al Síndic de Greuges y que los fiscalice. En peores plazas ha toreado la Benemérita. Y el Síndic.
