Estoy cansada de vivir». Ese fue el último mensaje que escribió la chica que se suicidó en Madrid, tras sufrir acoso escolar en el instituto. Era una menor con una discapacidad motora e intelectual, y por lo tanto, sería recomendable que se abriera un debate reflexivo sobre los mecanismos de actuación y capacidad que tiene la Administración a la hora de afrontar estas actitudes, principalmente en colectivos vulnerables. Creo que existe un déficit que no sólo podemos constatar en este tipo de acoso, sino que se traslada a otros delitos, como puede ser la violencia de género, cuando la víctima tiene una diversidad funcional severa, que se manifiesta de forma visible y que puede conllevarle problemas a la hora de expresarse o sobre su grado de credibilidad.

Son muchos los estudios que alertan sobre el problema del acoso escolar en España, donde alrededor del 81% de los adolescentes confiesa que está preocupado por este problema, y un 35% ha sufrido al menos en algún momento de su vida bullying. Los especialistas confirman que ser víctima de acoso no es un hecho aleatorio, sino que puede ser predicho por características psicológicas de la víctima y por factores familiares, algo fundamental cuando lo que se pretende es prevenir y romper el ciclo de victimización en niños especialmente vulnerables, como son aquellos que padecen una discapacidad.

La protección de las personas con diversidad funcional tiene importantes lagunas en todos los ámbitos, careciendo de adecuados protocolos de actuación y la necesaria formación de los profesionales. Pero dando un paso más allá, cuando intentamos aproximarnos a unas realidades más complejas, como pueden producirse en discapacidades físicas severas, intelectuales, enfermos mentales o dependientes, el grado de victimización aumenta y la respuesta institucional es inexistente. En violencia de género, el legislador parece pensar que las personas con ese tipo de diversidad funcional son asexuales, y bajo ese criterio, no necesitan de protección. En el caso del bullying, y principalmente en las niñas con discapacidades visibles, de no ser afrontado adecuadamente, la consecuencia es una sintomatología depresiva e intentos de suicidio. Nos hemos esforzado por integrar de forma normalizada a estos menores, pero más allá de la pura retórica, carecemos de los resortes suficientes para prestarles una adecuada atención ante sus especiales necesidades y debemos tomar conciencia de ello para atajar esta lacra.