El pasado 24 de junio un tribunal de La Haya dictó una interesante sentencia ante la demanda interpuesta por una ONG al gobierno holandés el pasado mes de abril. Urgenda, que así se llama la fundación que puso la demanda, argumentaba en su escrito que las autoridades no están tomando las medidas necesarias para frenar el efecto invernadero con las consecuencias que ello puede tener en la población. La demanda fue avalada por la firma de un millar de ciudadanos y es la primera vez que un grupo de la sociedad civil recurre a la legislación europea sobre derechos humanos para pedir que se ponga freno a la contaminación atmosférica y sus efectos sobre el calentamiento térmico planetario. ¿Se imaginan que ocurriría en España si se llevase a cabo una iniciativa similar? Algunos países europeos están a la vanguardia de las exigencias ciudadanas a las autoridades ante los problemas ambientales; Holanda, Dinamarca, Alemania. Otros miramos con sana envidia este tipo de acciones. Esta sentencia se ha festejado por todo lo alto puesto que sus señorías subrayan que las autoridades «tienen la obligación de proteger a los ciudadanos de los grandes peligros derivados del cambio climático» y recuerda que «los jueces deben ocupar el sitio de los gobernantes cuando se trate de ejercer dicha protección para evitar acciones injustas». Y, lo más llamativo fija deberes a cumplir por la Administración: en 2020 debe haber una rebaja del 25 % en la emisión de gases de efecto invernadero, especialmente en el CO2, en lugar del 16 % fijado por la actual política ambiental holandesa. Tony Judt en su visionario ensayo «Algo va mal» llegaba a una conclusión similar ante el problema del cambio climático: «Si las autoridades no actúan, los ciudadanos debemos pasar a la acción». Afortunadamente, comenzamos a tener actuaciones en este sentido.