Aunque de las patronales sabemos que han tenido como finalidad genuina la representación y defensa de los intereses empresariales ante los trabajadores organizados en sindicatos, su evolución ha generado funciones complementarias. Se ha extendido su relación con los gobiernos en su papel de reguladores de la actividad económica y gestores de recursos con efectos sobre el crecimiento económico. Las patronales han asumido un rol protagonista en la esfera de la sociedad civil aportando opinión e impulsos para la reproducción del tejido empresarial. La presencia de la patronal se ha reflejado en la prestación de servicios a las empresas asociadas. Asimismo, en algunos países, su rol se ha intensificado con la práctica del corporalismo democrático que impulsa la negociación de importantes acuerdos entre gobierno, empresarios y sindicatos

¿Puede la patronal valenciana asumir las funciones arriba enunciadas? Los efectos de la crisis económica la han debilitado: han desparecido importantes firmas, las cajas valencianas y en ocasiones el cierre de empresas ha reducido el tejido asociativo hasta límites dramáticos. No sabemos, pues, hasta qué punto llega la capilaridad vertebradora de la patronal. Paradójicamente, pese a ello, el número de organizaciones es todavía extenso y fragmentado, con abundancia de confederaciones, federaciones, asociaciones y gremios que a menudo no parecen encontrarse en condiciones de prestar servicios avanzados a las empresas. Mientras, Cierval experimenta serias dificultades de funcionamiento pese a su condición de representante regional de los empresarios y, como tal, principal responsable de la interlocución y el diseño de estrategias económicas.

La superación de la debilidad empresarial se ha confiado, en parte, a la aplicación de la Ley de Participación y Colaboración Institucional. Ésta reconoce la presencia de patronal y sindicatos en diversos órganos creados por la Generalitat para conocer su parecer en asuntos que les conciernen. La ley podría parecer razonable si no fuese por una doble duda: en qué medida la contraprestación económica prevista en la ley afecta a la independencia de las organizaciones participantes y cómo se justifica que la Administración, tras abrir cauces para que patronal y sindicatos defiendan sus posiciones, les pague, aunque sea indirectamente, por el desempeño de dicha defensa.

Aun salvando lo anterior, existe en la patronal un problema de fondo generador de desafección interna: la presencia de intereses empresariales contrapuestos. El práctico monopolio en España de la función patronal ha contribuido a enquistar esta cuestión. Existen empresas que discrepan de los raseros aplicados por los bancos, se sienten perjudicadas por el reducido grado de competencia existente en algunos sectores, la limitada transparencia de otros o la persistencia de peajes en autopistas como la AP7. El punto de fricción reside en que las empresas que prestan tales actividades forman parte de la misma organización empresarial y, a menudo, son importantes contribuyentes de ésta.

A consecuencia de las debilidades y contradicciones señaladas existe el sesgo de escoger a la Administración como punto de mira preferente de las reclamaciones patronales; y no siempre de forma fundada, como sería deseable, sino también como medio para que la organización se reivindique públicamente ante las empresas asociadas, se cohesione y mantenga sus antagonismos bajo sordina.

Realizado el esfuerzo para comprender las razones subyacentes en los anteriores comportamientos, lo que resulta incomprensible en el caso valenciano es, precisamente, el reduccionismo que impregna las demandas empresariales: tras veintiséis años desde la cumbre de Orihuela, las infraestructuras económicas siguen dominando el territorio de la reivindicación, como si el capital humano, el capital tecnológico y el capital intelectual no fueran palancas del crecimiento económico. Tras los fracasos de la economía valenciana en la primera década del siglo XXI, cabría esperar que sonase por todas partes un riguroso análisis sobre los errores cometidos „entre ellos la marginación de las anteriores palancas„ y una no menos potente respuesta sobre el nuevo curso a seguir. Pues no: el discurso renovador, escuchado por ejemplo del presidente de Cierval, ha contado con un discretísimo acompañamiento empresarial; sin apenas amplificaciones, desarrollos, ni foros de discusión, mientras que las dificultades de un tren semanal de General Motors provocó la protesta en tromba de confederaciones y cámaras.

El anterior reduccionismo tiene una denominación: conservadurismo económico. Aversión al riesgo que supone un cambio orientado hacia la eficiencia interna „¿cuál es la funcionalidad actual de algunas estructuras provinciales?„ y la creación de discursos programáticos ajustados a las necesidades de la economía valenciana del siglo XXI. Más aún cuando el número de empresas innovadoras se ha reducido a la mitad entre 2008 y 2013, la productividad renquea y la mitad de los jóvenes valencianos no encuentra empresas en las que expresar su capacidad. Con las infraestructuras de banda ancha sin poblar el territorio valenciano. Con tarifas, en energía y telecomunicaciones, de las más elevadas entre las europeas. Con el capital científico de la universidad, salvo minúsculas excepciones, más ignorado que buscado.

La sociedad valenciana y sus emprendedores necesitan la modernización de la patronal valenciana y ésta la precisa para superar su debilidad, ganando mayor presencia y crédito: ante las empresas, el resto de la sociedad valenciana y también ante la CEOE, porque a España hay que acostumbrarla a recibir y asimilar ideas valencianas.