En reiteradas ocasiones he defendido la protección de los derechos de autor y en otras tantas oportunidades he denunciado la escasa sensibilidad mostrada por equipos de gestión de las universidades, ya que han permitido la comercialización de los servicios de fotocopiadora contra toda norma. Siempre he creído que la protección de la propiedad intelectual ha de ser uno de los objetivos incuestionables por parte de las universidades que generan no sólo una u otra tecnología, sino los símbolos y valores con los que la sociedad, la nuestra, funciona. Las apelaciones a situarse al lado del copyright y de la protección de las patentes me han parecido imprescindibles en una sociedad que no cesa de instar al cambio del sistema productivo y que está desarrollando la sociedad de la información. Donde no puede estar la universidad es haciendo apología del mercadillo o favoreciendo su extensión. Documentos editados por la CRUE permitían suponer que el marco institucional estaba claramente a favor tanto de la protección de la propiedad industrial como de los derechos de autor; el porcentaje que las editoriales universitarias mantienen también induce a pensar que están interesadas en la defensa de los derechos de sus autores.

Todo parece haberse roto cuando Cedro ha denunciado a alguna universidad que había abusado de material protegido con el símbolo © y llevado a cabo actos ilícitos. Denuncia que se fragua ante la desmesura mostrada por algunas universidades y después de haber mantenido un prolongado período de negociación con las universidades. Así lo han reconocido los jueces en unas sentencias claras y categóricas, sin ambigüedades. El conflicto se mantiene, la nueva ley lo potencia y la CRUE pone en marcha un proceso para establecer «criterios y pautas en materia de defensa de la propiedad intelectual en las universidades españolas». Nada que objetar; la CRUE debe hacer tema de la propiedad intelectual y orientar sobre la aplicación de los principios que recoge la legislación sobre propiedad intelectual.

Todo esto lo digo ya que me he visto sorprendido por el comunicado de UNE porque parece trasladar una ruptura: «La UNE renuncia a seguir estando presente en los órganos de representación de Cedro» dada la persistencia del «conflicto» entre Cedro, avalada por las sentencias judiciales, y la CRUE. Además, me ha sorprendido que la UNE afirme en el mencionado comunicado que «se somete de manera inquebrantable» a la posible regulación elaborada por la CRUE y que se hará pública. Una asociación que protege la edición, como es la UNE, hubiera preferido que manifestara el propósito de seguir esa posible regulación de la CRUE a la manera ilustrada; no me gusta ni la expresión ni las formas asociadas «a la manera inquebrantable» de proceder, pues de ese modo se asumía el poder y sus normas en los contextos de la dictadura. Esto es, la UNE debe estar con el cumplimiento escrupuloso de la ley, proteger en caso de duda o conflicto los intereses del autor y hacer uso público de la razón para favorecer más aún una regulación que salvaguarde la libre circulación de las ideas, la oferta de todos los materiales que la docencia requiera respetando el derecho de los autores y de la industria cultural que le da soporte. Tiene escaso sentido negar al autor sus derechos y ser pródigo en requerir la subvención de material impreso.

Me parece muy necesario y razonable que la CRUE haga un alto en su camino y se cuestione tres temas fundamentales. Por una parte, la CRUE debe tener un informe fiable de lo qué está sucediendo en las aulas virtuales o en las fotocopiadoras de las facultades; este informe debe abrir la toma de decisiones para que se respeten los derechos de los autores y editores. En segundo lugar, la CRUE debe estar al lado de quienes defienden que la libre circulación de las ideas ha de fundarse en reconocer la libertad del autor para escoger su editor y pactar con él los derechos de autor, pues de este modo las obras adquieren toda su singularidad y también su proyección económica. Finalmente, la CRUE debe estar a la cabeza de la defensa de una política de transparencia y, por ejemplo, defender que todos los portales de las ediciones universitarias ofrezcan, al menos, los mismos datos que cualquier editor debe depositar en el Registro Mercantil al cerrarse cada año de actividad. No saben ustedes lo difícil que es disponer de los datos precisos para construir una conferencia sobre la edición de titularidad pública. Hasta PUV (Publicacions de la Universitat de València) que venía ofertando anualmente datos relevantes de cada curso escolar en la publicación Recull de Dades Estadìstiques, nos ha sorprendido con la eliminación de PUV del índice de esta publicación; se rompe así con una línea que se mantenía desde el año 1995/96. Dato que pone de relieve una llamativa situación porque la sociedad requiere de toda institución una transparencia que dista mucho de este proceder.