06 de agosto de 2015
06.08.2015

La deuda con las mujeres

06.08.2015 | 04:15

Durante los últimos años, las asociaciones feministas fueron separadas del ámbito institucional. En consecuencia, reivindican la reapertura de un lugar simbólico: el local de la calle Náquera de Valencia, donde se iniciaron las actividades feministas. Y también, la activación del Consell Valenciano de la Dona de la GV y de la Comisión de Políticas de Igualdad de les Corts Valencianes, para que la mediación de intereses se produzca con normalidad.

Desde un punto de vista organizacional, la forma en que se estructure el área de igualdad constituye un elemento crucial. La transversalidad de género significa que el área especializada en igualdad posea vasos comunicantes que impregnen a toda la organización. Un ejemplo sencillo de cuando esto no sucede puede ilustrar su importancia. Supongamos que la Conselleria de Infraestructuras elabora un plan de transporte basado en indicadores económicos y ambientales. Y que el área de igualdad modifica este plan, le incorpora indicadores sociales y de género ¿Cuál de los dos planes se pondrá en práctica?

Desde la Teoría Organizacional la respuesta es clara: depende del nivel institucional (de la autoridad formal) de cada área en el organigrama de la Generalitat, como primer paso, y de quien imponga su lógica sectorial (su poder informal). Si no se cumple el primer paso, si el área de igualdad no se estructura en un rango alto en el organigrama, difícilmente se logrará la transversalidad de género, porque no dispondrá de autoridad para modificar las lógicas endógenas (en el ejemplo, para intermediar entre profesionales de ingeniería y agentes de igualdad).
Sobre lo que denominamos deuda con las mujeres, solo me referiré aquí a dos cuestiones: la situación de los hogares monoparentales y la ausencia de políticas eficaces contra la violencia de género. Podría tomar otras, pero sirvan éstas a modo de ejemplo de la necesidad de superar la dejación de funciones de la administración en materia de género en los últimos años.

Con la crisis, la tasa de riesgo de pobreza en el total de población alcanza al 22 % en 2014 (según la Encuesta de condiciones de vida, del INE). Ahora bien, el impacto ha sido diferencial y se dispara al 42 % en el caso de los hogares con una persona adulta y uno o dos menores dependientes. Pero, ¿quién es esa persona adulta? Un buen indicador es consultar las estadísticas sobre divorcios. Si bien existen otros hogares monoparentales, dos de cada tres divorcios de parejas heterosexuales derivan en hogares monomarentales. La mayor incidencia de la pobreza en este grupo se produce por múltiples razones, pero básicamente porque las mujeres han de cumplir el doble rol de sustentadoras principales y cuidadoras, y por la brecha salarial de género producida por la discriminación sexista existente en el mercado de trabajo.
En noviembre de 2013, la Generalitat reconoció mediante el Decreto 179/2013 la condición de familia monoparental. Pero luego no asoció ningún beneficio a esa acreditación, quedó vacía de contenidos. En conclusión, existe un decreto pero no una política que proteja de la pobreza a las mujeres más vulnerables ni a sus criaturas.

Pasando al tema de la violencia de género, en 2014 se produjeron en la Comunitat Valenciana 3940 víctimas con orden de protección, de las cuales 7 fueron mortales. Pero con el Decreto 63/2014 se aprobó un Protocolo para la coordinación de las actuaciones en la Comunitat Valenciana. Podría ahondarse más, y señalar la ausencia de educación en igualdad en los centros educativos, la insuficiente cobertura de los Centros 24 horas „que tampoco poseen una trama territorial adecuada de atención„, un déficit enorme en los Centros de Protección y falta de formación en género del funcionariado (con honrosas excepciones, porque hay gente y áreas que pese a las dificultades viene realizando una labor formidable), entre otras.

Los momentos de transición son trascendentales, porque establecen un diseño, una estructura. Ojalá el nuevo gobierno valenciano tenga la lucidez y la proximidad con las asociaciones de mujeres y las expertas en género, para crear una administración que se coloque las gafas violetas, y que el paradigma de género logre impregnar a toda la Administración de lo público.

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