Hace aproximadamente un año el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) condenó a España a indemnizar a la madre una niña de 7 años asesinada por su padre durante una visita sin supervisión, una resolución que el Gobierno de Rajoy todavía se niega a acatar. Este asesinato se produjo en el año 2003, antes de que se aprobara la Ley Integral contra la violencia de género, pero, sin embargo, en los últimos tiempos estamos viviendo una dosis de aterradora realidad, habiéndose duplicado en el 2015, y donde el maltratador es capaz de acabar con la vida de sus hijos para seguir con el proceso de violencia contra la mujer.

Cuando pasa este tipo de sucesos, los ciudadanos suelen reclamar reformas legislativas en un pretendido intento por blindar determinados valores o sujetos especialmente vulnerables, como son los menores. Como sociedad nos resistimos a aceptar que existan personas dispuestas a cometer estas atrocidades, más aún contra sus propios hijos. Sin embargo, y aunque cualquier mejora legal debe ser bien recibida, la solución ha de pasar por una mayor profundización en la legislación en materia de género que ya tenemos, puesto que contamos con una normativa sólida y que sirve de ejemplo a muchos países de nuestro entorno, pero que por desgracia es ampliamente desconocida y en ocasiones denostada.

Nuestro ordenamiento jurídico es especialmente garante en la protección del interés superior del menor, anteponiendo siempre los derechos de niños y niñas a cualquier otra cuestión. Combinando esto con los mecanismos de protección que se articularon en torno a la lucha contra la violencia de género, no cabe duda de que el problema se encuentra en el correcto uso que se puede hacer de los mismos. Por eso, nuestro país debe seguir invirtiendo en políticas formativas, como señalaba la Cedaw en su resolución, para evitar los estereotipos de género y buscando una mejor especialización de todos los agentes que intervienen. En ese mismo punto, y como afirma con acierto el ex delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, hay que derribar la idea de que un maltratador no es obligatoriamente un mal padre: lo es desde el momento en que hace daño a la madre. En definitiva, todo ello sólo lo conseguiremos cuando aquellos que deben aplicar la ley entienden el complejo mecanismo que se oculta detrás del maltrato a la mujer y sepan combatirlo.