20 de agosto de 2015
20.08.2015

Radares, ¿medida coercitiva o recaudatoria?

20.08.2015 | 04:15

En julio hemos conocido de la Dirección General de Tráfico las cifras totales de accidentalidad del año 2014. Con seguridad disponían de ellas desde hace dos o tres meses, pero el período electoral y otras circunstancias, han hecho que les vengan bien estas fechas para justificar determinadas actuaciones. El número de víctimas mortales en carretera ha aumentado por primera vez en once años, al pasar de 1.680 (2013) a 1.688 (2014). La actual Dirección General de Tráfico, presenta este frenazo a los objetivos de disminución de la accidentalidad como el resultado natural de una mayor movilidad, y de una progresiva obsolescencia de los vehículos por la crisis. No parece un análisis concienzudo, ni muy riguroso, y más bien precipitado.

La realidad es que los accidentes con víctimas venían subiendo desde hace tres años: 83.115 accidentes en 2012; 89.519 en 2013 y 91.570 en 2014. La única medida conocida hasta el momento para este verano va a ser la instalación de radares de tramo, que controlarán por primera vez el exceso de velocidad en las carreteras convencionales y secundarias. En 2013, el 73% de víctimas mortales se dio en este tipo de carreteras, por lo que la Subdirección General de Movilidad de la Dirección General de Tráfico pondrá en marcha este tipo de radares a partir de septiembre.

Esta es la única medida que se han atrevido a poner en marcha, poner radares en los tramos de especial siniestralidad (puntos negros), medida cuya necesidad compartimos, pero no como única. Es la implantación de una medida paliativa pero ninguna preventiva. La duda que nos asalta es si trata solo de una nueva medida recaudatoria.

¿Por qué no se invierte especialmente en la mejora de la seguridad vial en dichos tramos de carretera en los que se van a instalar radares? O mejor, ¿por qué no se revierten los fondos recaudados de las sanciones por infracciones de velocidad captados por los radares en dichas carreteras, mediante la formalización de convenios con las administraciones titulares de estas vías para invertir exclusivamente estos fondos en la mejora de la seguridad vial de los tramos de especial siniestralidad detectados.
Esta sería una decisión, seguramente de buena acogida general. Que despejaría definitivamente las dudas permanentes de si las multas de tráfico esconden un afán recaudador.

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