La política se está convirtiendo en un coto de funcionarios, ricos y mediocres. Luego están los héroes. Siete años de crisis económica han dejado millones de víctimas y nuevas formas de gestionar la cosa pública que han tenido como una de sus consecuencias la presión sobre la clase dirigente para que recortara sus sueldos y renunciara a sus prebendas. El resultado de esta ecuación es el alejamiento de los mejores, como subraya la nueva lideresa del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, quien considera que los sueldos de los políticos de la Generalitat son bajos, terciando en el debate sobre si es correcto o no que el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, popular como Bonig, haya decidido «congelarse» el sueldo en 90.000 euros brutos al año.
El partido conservador, cuando lo encabezaba Alberto Fabra, intentó establecer que ningún cargo público ni de empresa autonómica cobrara más que el presidente de la Generalitat, pero en eso no logró imponer su liderazgo. Es curioso cómo los partidos aplican una férrea disciplina sobre sus militantes en todas las materias pero no son capaces de obligarles a fijar sueldos en una escala coherente cuando son autónomos para decidir.
Así las cosas, el presidente de la Generalitat Ximo Puig cobra 67.615 euros brutos al año y tiene la responsabilidad sobre toda la administración autonómica, que es muy grande. Sin embargo, el presidente de las Corts, Enric Morera, segunda autoridad valenciana con potestad solo sobre los 99 diputados de la Cámara y los funcionarios que trabajan en ella, percibe 95.824 euros, casi 30.000 más que el jefe del Ejecutivo. Eso no sería así nunca en una empresa, donde los galones se hacen notar también en el sueldo.
Desde luego, los políticos no se meten a tales por el dinero, pero hay muchas personas que podrían acceder a la gestión o representación pública y no lo hacen porque no se sienten suficientemente recompensados, como dice Bonig. Muchos jóvenes no quieren oír hablar de ello y quienes tienen cierta seguridad laboral, tampoco. De modo que quienes acceden a la cosa pública sin el colchón de un puesto fijo de funcionario al que regresar o de una billetera poblada han de ser clasificados como héroes por su valor o mediocres por su falta del mismo.
