22 de agosto de 2015
22.08.2015

Retribución de los políticos

22.08.2015 | 04:15

Oyendo las palabras de la presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, parece que se nos quiere dibujar unos pobres políticos en una situación próxima a la indigencia salarial, y donde los buenos, no quieren participar en lo público. Podemos entender, e incluso compartir, el argumento de que deben establecerse unas retribuciones acordes con la responsabilidad que ostenten los altos cargos en las administraciones, indistintamente de que estemos en el ámbito nacional, autonómico o local. Pero a partir de ahí, y como decía la propia Bonig, no es buena la demagogia, en ningún sentido, puesto que ni se puede infravalorar el trabajo que desempeñan, pensando que todo se resuelve con bajadas populistas y puntuales de sus salarios, pero tampoco es razonable hablar de que éstos cobran poco dinero.

A nadie se le escapa la situación privilegiada que tienen los políticos en general, y que en el caso de los diputados autonómicos valencianos se traduce en que disfrutan del tercer sueldo más alto de toda España, donde junto con su retribución fija, tienen toda una serie de complementos, como son los que reciben por su participación en comisiones, ostentar cargos internos en las Corts, kilometraje, aparcamiento, indemnización por residencia eventual, tarjeta para autopistas, teléfono móvil u ordenador gratuito. De ese modo, y teniendo claro que no están mal pagados, si se les compara con altos directivos de empresas privadas, quizás en algunos pocos supuestos pueden cobran menos, aunque también es cierto que el nivel de nuestros actuales políticos no da para mucho más.

En España, el salario medio en 2014 se situó en la cifra de 26.162 euros al año, por lo que pensar que el president del Consell va a cobrar 67.600 euros anuales, casi tres veces esa cuantía, no debería de verse como descabellado. El problema es que la división territorial y competencial ha permitido un grado de discrecionalidad en la fijación de otros sueldos públicos, el cual resulta totalmente injustificable. Es poco razonable que el presidente de la Diputación de Alicante cobre 90.000 euros o el alcalde de Valencia vaya a percibir 82.600 euros, en comparación con Ximo Puig, o por ejemplo, que Artur Mas esté cobrando casi el doble que Mariano Rajoy. En definitiva, parece que las medidas legales que se han adoptado hasta el momento, como la limitación de salarios en función del número de habitantes, siguen siendo insuficientes, y lo que se requiere es un gran pacto de Estado entre las fuerzas políticas y que vincule a todas las instituciones.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Enlaces recomendados: Premios Cine