El presidente Puig busca fecha para reunirse en Alicante con su homólogo de Murcia, Pedro Antonio Sánchez,del Partido Popular, y tratar con él cuestiones de interés común como el trasvase Tajo-Segura y el corredor ferroviario mediterráneo. El jefe del Ejecutivo valenciano prorroga, así, la relación preferencial que los presidentes de la Comunitat han mantenido con los de la vecina del Sur, plasmada en esas cuarenta o cincuenta «cumbres» de Zaplana, Olivas, Camps y Fabra casi siempre con Ramón Luis Valcárcel.
Puig está midiendo de forma milimétrica sus gestos. Antes de la primera cita oficial con el presidente murciano, una no oficial con el catalán Artur Mas en Menorca, donde por cierto no se habló de nada de agua. Lo del Ebro lleva años perdido y enterrado. Y nada de aceptar la cita envenenada de su compañero socialista manchego, García-Page, para visitar las zonas de la cabecera del Tajo, de donde sale el agua del trasvase a Alicante y Murcia que la cuenca cedente quiere eliminar.
Sin embargo, junto a esta estrategia diplomática, el líder socialista valenciano no deja lugar a dudas: apoya a los regantes y consumidores y respalda el cumplimiento de la ley del trasvase. Sus antecesores no lo tenían tan claro. Joan Ignasi Pla avaló en 2001 los argumentos críticos con el proyecto de trasvase del Ebro con aquella recordada foto en bermudas en el delta del caudaloso río. A Jorge Alarte le tocó bailar con la decisión del Gobierno de Rodríguez Zapatero de derogar aquella transferencia de agua para contentar a catalanes y aragoneses con argumentos de sostenibilidad, cambio climático y eficiencia en la inversión. Y si uno se niega a un trasvase siempre es complicado pedir otro. Al menos aquel Ejecutivo, con Cristina Narbona como torre del ajedrez, cumplió sus promesas y promovió la construcción de desaladoras para suplir el agua que no llegaría desde el Ebro. Hoy, los portavoces de los usuarios se niegan a beber ese caudal alegando que es diez veces más caro que el que viene del Tajo. Pero llegará el día, y todos han de ser conscientes, de que no habrá trasvases para nadie. La solidaridad entre comunidades autónomas es mínima ya y dejará de existir pronto. Solo habrá intereses. Y cada uno para él. Hasta en la misma autonomía, como en el trasvase Júcar-Vinalopó, las dos partes van a la greña.
