02 de septiembre de 2015
02.09.2015

El dinero público

02.09.2015 | 04:15

El endeudamiento, a pesar de ser una de las bases más sólidas y constitutivas del sistema capitalista vigente, no aumenta nuestra libertad, aunque inicialmente nos permita hacer más cosas, aplazando su pago hacia un futuro indeterminado. La deuda implica siempre una responsabilidad que afrontar, pero esa responsabilidad se diluye sobremanera cuando pasamos de la esfera del endeudamiento privado a la deuda pública. Si nos atenemos a lo publicado sobre su monto en la Comunitat Valenciana „más de 37.000 millones, y creciendo„ está claro que no se ha hecho una gestión responsable por parte del PP en su dilatada etapa de gobierno de la Generalitat.

De hecho, basta hacer un rápido recorrido por la hemeroteca de este diario para percatarnos de la irresponsabilidad extrema del endeudamiento, pues éste no se ha centrado en sectores de prioridad pública como la sanidad, la educación o la esfera social, sino en los ruinosos megaproyectos emblemáticos que ya conocemos. Es importante insistir en que no es lo mismo endeudarse para construir institutos o centros de salud que para erigir el Ágora, que ni siquiera está claro para qué sirve. A la ausencia de control sobre el tipo de proyectos que han disparado la deuda, cabe añadir sus sobrecostes: más de 1.500 millones de euros en grandes proyectos en la última década. No es de recibo, por ejemplo, que el proyecto de la Ciutat de les Arts i les Ciències al que inicialmente se iban a dedicar 308 millones, acabara costando 1.300. Eso sí, ni las empresas ni los políticos que los han autorizado han tenido ninguna responsabilidad penal.

Urge actualizar las leyes que velan por el control del gasto público, tanto en lo que respecta a qué partidas son prioritarias y cuáles no, como en la prevención y la petición de responsabilidades sobre los sobrecostes de las adjudicaciones. Los políticos del PP han demostrado la misma irresponsabilidad en endeudarse en obras innecesarias como luego en recortar en educación y sanidad, para intentar controlar el incremento de esa deuda. Procede iniciar un debate social amplio sobre la tipología y el control del gasto público, potenciando siempre las partidas sociales y evitando seguir con un modelo ruinoso de nuevos ricos que nunca fuimos.

Por lo demás, no es de recibo que el nuevo ejecutivo se enfrente a una deuda y una situación presupuestaria insostenibles que ha generado el Gobierno anterior y que limita su margen de maniobra. Lo mismo ocurre con las concesiones de servicios municipales que hereda el nuevo consistorio y que le impide ejercer su propia política de contrataciones públicas. Todo ello se podría resumir en la necesidad de que los políticos rindan cuentas de sus decisiones económicas y sean verdaderamente responsables ante la ley y la ciudadanía de cómo gestionan el dinero común, evitando así su uso excesivo o indebido.

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