A partir de la constitución de las distintas instituciones por los representantes electos en las pasadas elecciones del 24 de mayo, se inició un nuevo mandato político marcado por la pluralidad en la composición de la representación política de estas instituciones, la desaparición de las mayorías absolutas en las mismas y, consiguientemente, los pactos o acuerdos de gobierno entre distintas fuerzas para dirigir dichas instituciones, con la aplicación de políticas diferentes en aquellas instituciones en las que ha cambiado el partido al frente.

El hecho de que los gobiernos entrantes sean, en su inmensa mayoría, gobiernos de coalición entre al menos dos fuerzas distintas, permite cierto optimismo en cuanto a la transparencia en la actuación cotidiana de dichas instituciones, aunque sea tan sólo por la mera necesidad de cumplir lo prometido en campaña y a lo largo de años. La web de la Generalitat, además de los cargos designados (una foto y una breve biografía no estaría mal, no sólo de los consellers) debería incluir la retribución asignada y el cometido/programa a realizar, así como los recursos disponibles para tales tareas. Sorprende que sean los medios de comunicación quienes faciliten tan básicos datos sobre la capacitación (política y/o técnica) que estos responsables públicos acreditan para merecer por parte de los dirigentes de sus partidos ser designados para tales responsabilidades.

Desde luego, la política sólo se les va a discutir por sus adversarios, pero al menos debería constar una acreditada capacidad técnica (es decir, conocimientos sobre la materia para la que han sido nombrados responsables) valorable en sus cometidos profesionales al margen de las responsabilidades políticas. Esto es obvio por cuanto, desde 1995, las únicas personas que han detentado dichas responsabilidades han sido (o han estado vinculadas) a un solo, único y distinto partido, y en muchas ocasiones la única solvencia que ofrecían eran la afinidad e identidad partidaria, y casi nunca se nos presentaba su solvencia profesional. Los resultados están a la vista después de dos décadas de gobiernos de espalda a la ciudadanía.

Sin embargo, algunos de estos responsables políticos podrían malentender que, frente a un inicio de mandato, están en el principio de un final de carrera personal en que la consecución de un cargo de responsabilidad institucional culminaría la trayectoria partidista desarrollada, a modo de premio a la fidelidad mostrada durante años en el seno de unas siglas en las que se han obedecido consignas y guardado lealtad a sus dirigentes. Mal destino aguarda a quienes acudan con esa mentalidad.

El cambio político no puede consistir en la mera sustitución de unas personas por otras, o el relevo de unas siglas por otras. Debe serlo, y creemos que así lo han manifestado y expresado los partidos ahora gobernantes, en las políticas a aplicar desde las instituciones. Políticas que deben comenzar por la actitud y el tratamiento hacia la ciudadanía. En este sentido, ha habido en muy poco tiempo algunos ejemplos muy relevantes y acertados (la Mesa de las Corts recibiendo a las directivas de múltiples entidades ciudadanas, y especialmente a los afectados por el accidente del metro, o la apertura del balcón del Ayuntamiento de Valencia y alguna otra dependencia al vecindario). Son comportamientos políticos dignos de agradecer porque han sido inexistentes durante 20 años. Debería ser lo normal, sí, pero toda una generación de ciudadanos está viviendo esto como la excepción a la regla de patrimonialización de las instituciones. Por tanto, agradezcamos el que no todos se comporten igual. Incluso aplaudamos el que lo hagan de forma diferente.

Pero estos comportamientos no deben quedar en la anécdota y limitados a algunas instituciones. Deben ser regla general en todas ellas y durante todo el mandato de los nuevos responsables políticos. Desterrar las políticas de ocultamiento conlleva la necesidad de nuevas prácticas, por más que cueste ponerlas en marcha debido a la rémora que se arrastra.

Debe comenzar por desterrar la interiorización que realiza el político de que, si está gobernando, es por ser más inteligente, más hábil y más acertado que el de la oposición. Momentáneamente fue así el día de las votaciones, pero lo que le permite gobernar es el respaldo electoral que se conquista o pierde cada cuatro años. Nadie le ha otorgado certificado de sabiduría ni buen hacer, tan sólo se le ha permitido gestionar las responsabilidades públicas temporalmente durante esos años, y al servicio de la población y no de si mismo. El síndrome del político endiosado debería ser vacunado en el mismo instante en que jura/promete el cargo, y la primera dosis de tal vacuna debería ser el reconocimiento expreso de que no está en posesión de la verdad (ni los políticos ni nadie) y someterse al juicio de la crítica ciudadana, mucho más dura de lo que será la de la oposición política, pues es la receptora de su gestión.

En nuestro caso, no pretendemos ser severos, sólo acertados. Nuestra crítica pretende ser bienintencionada y positiva (la constructiva la dejamos para los acólitos), entre otras cosas porque de su éxito depende que se salga del foso en que se encuentra la Comunitat Valenciana. Subjetivamente, el mero hecho de que haya nuevas personas de nuevos partidos al frente de las instituciones que nos gobiernan, nos permite encarar el futuro con más optimismo y también respirar aliviados porque se cierra una etapa funesta en la historia de nuestra comunidad. Esperamos que las políticas que desarrollen los actuales responsables permita que sea así por mucho tiempo. De ellos depende y a ellos compete.