Se podría pensar que es la imagen de una revolución. La exdiputada socialista que tantas veces clamó contra los manejos en los grandes proyectos se sienta ahora en el despacho de directora de Proyectos Temáticos. Eva Martínez, junto al también exdiputado del PSPV-PSOE Josep Moreno, llevó a la Fiscalía Anticorrupción, casi al mismo tiempo que lo hacía Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, el caso Valmor, en el que el expresidente Francisco Camps habrá de explicar judicialmente por qué creó una empresa privada para simular que organizaba la Fórmula 1 en Valencia cuando en realidad lo hacía, y lo pagaba, la Generalitat.
Puede que en algún momento también el sucesor de Camps, Alberto Fabra, tenga que aclarar ante los jueces por qué compró la empresa surgida de los sueños de grandeza inducidos a su predecesor por Bernie Ecclestone y por qué asumió con dinero de todos deudas por 35 millones de una sociedad a cuyos gestores exculpó de toda responsabilidad. Lo llamativo es que, hoy, quien denunció estos asuntos custodie una información que en buena medida ya había aireado pero que ha de acabar de revelar todo su contenido. «No descarto encontrar sorpresas en los cajones», ha declarado Martínez sobre el «gran evento» automovilístico y otros proyectos inspirados por una política enfática que nos llevó a la ruina.
Coincide el nombramiento con la reanudación del juicio por la pieza del caso Gürtel sobre los pabellones de Fitur que los gobiernos del PP valenciano otorgaron a la trama a través de la cual supuestamente financiaba ese partido sus campañas electorales. Fraccionamiento de contratos, información privilegiada, regalos a políticos y una promiscuidad asombrosa en la extracción de fondos públicos afloran en el sumario. No se esperan sorpresas, aunque hay expectación por comprobar si Milagrosa Martínez, exconsellera de Turismo, expresidenta de las Corts Valencianes y exalcaldesa de Novelda, intenta justificar lo injustificable, como Pablo Crespo, o hacerse el longuis, como el cabecilla de la red, Francisco Correa.
En todo caso, tiene un compromiso el nuevo Consell de la Generalitat „lo adquirieron sus integrantes en el ejercicio de la oposición„, con la restauración de la ejemplaridad pública. Una ejemplaridad en la decencia que se convirtió, con la acumulación de escándalos, en un desiderátum. Lo ha explicado el nuevo conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, al apuntar que la salida del PP del poder tuvo que ver con un cambio de sensibilidad de los ciudadanos ante lo que se había transformado en «una forma de violencia simbólica». Llegó a producirse lo que Pierre Bordieu habría descrito como un habitus corrupto, una banalización que hacía de la relación ilícita entre lo público y lo privado una evidencia en sí misma.
Alcaraz tiene trabajo para redactar, como ha anunciado, «una buena ley de efectos perdurable» mientras aplica esa otra ley de transparencia que el PP endosó sin rubor alguno al siguiente Consell al aprobarla al final de la legislatura para que entrara en vigor este próximo octubre. Su tarea consistirá en crear mecanismos factibles para prevenir, detectar y combatir comportamientos irregulares que, efectivamente, pueden surgir en cualquier administración gobernada por cualquier partido, pero a los que hay que poner trabas en lugar de ofrecerles coartadas. Se trata de plasmar normativamente lo que la regeneración significa, que no es otra cosa que convertir la corrupción en una anomalía y poner freno, así, a la desvalorización de la política.
«En materia de corrupción, tenemos que explicarnos y no buscar culpas fuera», le ha recriminado con razón la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al presidente catalán, Artur Mas, a propósito de Convergència. El problema es que Mariano Rajoy ha alegado que «nadie puede garantizar que la corrupción desaparezca», tras arremeter contra los «salvapatrias de escoba», cuando le ha tocado explicarse por Gürtel, Bárcenas y otros feos asuntos de su partido y su famosa «caja b». La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha ido más lejos. «La corrupción no es patrimonio de nadie, es de todos. La misma corrupción que hay en un partido la hay en la sociedad en general», llegó a proclamar, intentando esconder con la tinta de la trivialidad los trapos sucios. Hay que acabar con eso.
