El inicio del curso político tras el cambio de gobierno en la Generalitat ha llegado revolucionado. La reivindicación de una financiación estatal más justa, equitativa y, sobre todo, abundante ha obrado el milagro de unir a la clase política valenciana, que dentro de unos días acudirá de la mano al Congreso de los Diputados para defender una reforma del Estatut que incluya garantías de inversión del Estado en la Comunitat Valenciana, una claúsula de la que disponen ya Cataluña y Andalucía. Isabel Bonig ha logrado que el PP nacional levante el veto que ha hecho que la reforma haya quedado frenada hasta cuatro veces cuando iba camino de la puerta de los leones de las Cortes.
El presidente Puig, en estos días de inauguraciones y aperturas, repite la muletilla de la financiación en todos los foros: «Mejoraremos la sanidad cuando tengamos una financiación justa»; «arreglaremos el desastre de educación que nos han dejado cuando la financiación crezca»... Están tan seguros que hasta se han planteado organizar una manifestación-concentración el 9 d´Octubre. Y los empresarios, que han hablado por boca del naviero Vicente Boluda, están dispuestos a sumarse a la protesta, aunque advierten que el problema grave es la deuda, los 40.000 millones de losa financiera «que no se podrán pagar nunca, ni con nueva financiación». Los patronos reclaman un cambio de modelo productivo, un nuevo rumbo que saque a la economía valenciana del letargo en el que la sumió el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Y para ello hacen falta ingenio, innovación, mucha formación y dinero para poner rumbo a nuevos horizontes apoyando iniciativas emprendedoras en líneas más eficientes y competitivas. Las manifestaciones organizadas desde los gobiernos no suelen funcionar. Basta recordar las que el PP preparó para reclamar agua del Ebro. Los argumentos sólidos y la unidad política y social deberían ser suficientes para lograr el objetivo.
