Jorge Rodríguez llegó a la Presidencia de la Diputación de Valencia en plena resaca de las grabaciones sobre supuestos repartos de comisiones p0r adjudicaciones de obras en la empresa provincial Imelsa, aquellas que arruinaron la carrera política de Alfonso Rus. Socialistas y sus socios de Compromís entraban con energía dispuestos a levantar las alfombras de lo que en la precampaña electoral parecía una auténtica cueva de Alí Babá. Los políticos contaban dinero entregado por los empresarios corruptores. El fugado Marcos Benavent, gerente de Imelsa en los días de vino y rosas, contribuía, primero con su ausencia y después con su aparición con aspecto de yogui pijo, a crear una imagen verdaderamente inquietante de lo que ocurría en la empresa pública.
En las últimas semanas, Levante-EMV viene desvelando algunas de esas preocupantes actividades. Que casi 70 empleados de la firma pidieran permiso laboral retribuido para hacer campaña electoral como candidatos retrata a las claras el montaje clientelar de la sociedad, con contratados de todos los partidos, dicho sea de paso. Que 24 días antes de las elecciones municipales que renovaban el gobierno provincial se firmara un convenio colectivo para cinco años con derecho universal a indemnizaciones y otros «colacaos» „como los llama un amigo„ no transmite lo que tendría que ser un equilibrio entre las justas demandas de los trabajadores y la responsabilidad en la gestión de fondos públicos.
Jorge Rodríguez y su gobierno prometieron «una limpieza a fondo», pero parecen haber dado un paso atrás. Imelsa era y es una diputación paralela, una herramienta con forma de sociedad anónima para administrar fondos públicos y contratos sin los incómodos requisitos de publicidad, mérito y capacidad. Un mal ejemplo en estos tiempos de transparencia y renovación por su funcionamiento como chiringuito de favores. Y ahí sigue.
