En algunas paredes de la calle Micer Mascó, dirección oficial de la Conselleria de Sanitat, casi tocando a Mestalla debe habitar un virus, quizás una mutación de los que ha padecido Valencia SAD, que ha atacado con saña a quienes allá han tomado y toman decisiones. En aquel edifico se debe respirar algo que no respeta ni a grupos políticos, ni al sexo de los altos cargos. El episodio del nombramiento de diez gerentes para cuya legalización hay que sacar un concurso de méritos ad-hoc es alarmante por la torpeza que refleja, pero la historia es larga.
Ahora toca hablar de la multa y del silencio de los actuales responsables de la Agencia Sanitaria de Salut (AVS) a la que la multa afecta de pleno. Situemos el relato. En lo que llevamos de siglo la liturgia presupuestaria ha venido siendo la siguiente:
a) Les Corts aprueban unos presupuestos no muy rigurosos, que se mandan a Madrid casi como gentileza, ya que hasta ahora el Estado no ha puesto pega alguna siempre temeroso del avispero de competencias y discriminaciones.
b) Alrededor de marzo del año siguiente, con el visto bueno más o menos implícito de la Intervención de la Generalitat Valenciana (GV), se manda a Madrid un adelanto de cuentas con una estimación del déficit; de allí pasaban a los despachos del Instituto Nacional de Estadística que lo suma con las del Estado y del resto de CC AA.
c) Una vez consolidado se manda a Bruselas, para que Eurostat las incluya en sus informes. Allí se daban por buenas, tanto las mentiras que ahora sabemos que Atenas enviaba, como las que le llegaban de Madrid que a su vez había bendecido las de las CC AA.
d) A finales del año siguiente un organismo, sin autoridad real alguna, la Sindicatura entrega unos informes sobre unos datos ya inmodificables.
Sin ánimo de defender a Montoro, que tan mal nos trata actualmente, es de justicia resaltar que la cadencia fue válida desde el primer gobierno de Aznar hasta el último de Zapatero. La crisis llegó y en 2011 hubo que aceptar en Bruselas un Objetivo de Estabilidad Presupuestaria que hablaba de sanciones para todos aquellos que habían enviado contabilidades torticeras. La UE no cambió las reglas, solo concretó sanciones y objetivos.
La GV, al informar en marzo de 2012 de lo que había ocurrido, ignoró que ya nadie quería prestarle y que la UE había dicho que sancionaría a aquellas administraciones que actuaron a la griega. El resto es conocido: inspección y multa.
Los responsables políticos se retiran y los funcionarios se van a otros puestos. ¡Quien era supuesto controlado (interventor general de la GV entre 1997 y 2012) pasó a ser controlador en la Sindicatura de Cuentas!
Como informó hace meses Adolf Beltrán, Salvador Hernándiz escribió al portavoz de la UE, Emer Traynor, para decirle que era incierto que la Intervención General enviara sistemáticamente información incorrecta a las autoridades estadísticas y que la UE no estaba en condiciones ni de determinar durante cuanto tiempo sucedieron las anomalías, ni dónde situar la cadena de responsabilidades, que «nunca ha estado en las declaraciones y el trabajo de la Intervención General de la Generalitat Valenciana». Hernándiz apuntó al Consell, y más concretamente a los titulares de Sanidad, como responsables de la práctica de las facturas en los cajones.
Acusaba diciendo que «se trata de gastos sin consignación presupuestaria y al margen del procedimiento establecido en el texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, siendo por tanto nulos de pleno derecho hasta su regularización y depuración de responsabilidades por el órgano competente y/o tribunales de justicia (...) los responsables son los que realizan el gasto, con las características expuestas en el punto anterior, y lo regularizan». Según él, los 1.800 millones regularizados en 2012, para incluirlos en el Plan de Pago a Proveedores, se habían acumulado pese a dos procedimientos extraordinarios efectuados por el Consell de Camps. Entonces se acentuó una práctica que venía de mucho antes y se acumularon gastos en la Conselleria de Sanidad que no llegaba a cubrir el presupuesto sin consignarlos en cuenta alguna, lo que evitaba que computaran como déficit. ¡La multa era inevitable!
Alguien miente, ya que Hernándiz afirmó que «sistemáticamente los gastos nulos fueron ocultados a la Intervención General y sólo puestos de manifiesto a través de la Sindicatura de Cuentas». La cuantía de las facturas en los cajones era un clásico de los informes de la Sindicatura. La salud no tiene precio, pero si facturas.
La que quedó sin aclarar es la razón por la cual detectaba el gasto oculto la Sindicatura y no la Intervención General. La explicación puede ser tan cierta como espeluznante para los valencianos: la Intervención cerraba la Cuenta General en febrero, cuando todavía no estaba toda la información que sí tenía ya la Sindicatura a final de año.
Hernándiz se defendió atacando ya que dice advirtió que la Conselleria de Sanitat seguía gastando cuando se quedaba sin presupuesto y ocultaba facturas en los cajones. «No es posible atribuir a los responsables de la redacción de la Cuenta General los defectos que corresponden a una realidad contablemente inexistente y que, por tanto, no podría formar parte de la referida cuenta».
Todos lo sabían (conselleria, Intervención, Sindicatura) pero nadie actuó. Sin embargo, la multa la pagaremos todos, sea a través de Montoro, sea a través de Puig. En resumen: un sistema que hace que haya multa y no haya culpables. ¿A quién llevamos a la comisaria? Hernándiz lo tiene claro: «El responsable de incoar expediente para regularizar las facturas ocultas es el conseller de Sanidad». ¿Cuál de todos? ¿Quiénes actuaron de cómplices?
La historia siguió y en el informe de la Sindicatura de 2012 se hablaba de la apertura de un expediente informativo por parte de la AVS como consecuencia de la deuda o compromiso de gasto de 1.748 millones de euros adquiridos de forma indebida, sin presupuesto. El expediente se abrió para determinar las responsabilidades sobre las diversas personas que hubieran intervenido en la gestión y autorización de estos compromisos de deuda. Un año después, supimos que la conselleria había decidido archivarlo.
El PSPV-PSOE solicitó la comparecencia del conseller Llombart para pedirle explicaciones sobre el expediente y sobre quiénes autorizaron estas obligaciones de gasto. No ocurrió. Las elecciones llegaron antes. Así estamos, con multa y con una nueva AVS muda.
