Cuando en el PP valenciano creían que sólo quedaba el final de la travesía del desierto en forma de juicios por Gürtel, Terra Mítica, Valmor, Brugal, Imelsa, Emarsa y otros tantos casos gestados en legislaturas pasadas, la investigación sobre la red Púnica se presenta de repente y cita como imputados al exalcalde de Gandia, Arturo Torró, y al diputado en las Corts Víctor Sánchez. Este último pertenece a la nueva hornada de parlamentarios, la que tuvo que demostrar pureza de sangre para acceder a unas listas diseñadas por Alberto Fabra con la escuadra y el cartabón de sus incomprendidas «líneas rojas», aquellas que establecían que una imputación judicial bastaba para quedar apartado de un cargo público en el PP.
Ha sido su partido el que no le ha reconocido nunca aquella labor de limpieza que acometió cuando tomó el timón de la Generalitat y de los conservadores con más de diez parlamentarios de su formación imputados por diversas causas. Ahora, Púnica prolonga el problema hasta dentro de un nuevo mandato y obliga a la nueva líder, Isabel Bonig, a tomar decisiones que inevitablemente serán comparadas con las de su predecesor. La exconsellera y exalcaldesa de la Vall d´Uixó ya no quiere que nadie deje el cargo por ser imputado, y reserva para ese momento la apertura de un simple expediente informativo.
Pero si a Fabra no le perdonaron su rigidez de líneas, a Bonig le van saliendo ya detractores. Su laxitud comparada alimenta a quienes esperan los resultados de las elecciones generales de diciembre para dar un zarpazo. Si los comicios van bien o regular, las aguas se calmarán y Bonig fortalecerá y extenderá sus dominios. Pero si van mal habrá un terremoto, prácticamente una refundación, en un partido que ha ganado todas las elecciones de los últimos 20 años en la Comunitat Valenciana. E incluso quienes hoy se protegen del frío invierno de la oposición al tripartito para intentar emerger tras la posible debacle pasarán a la galería de ex de un solo golpe de viento.
