Hace tres años, poco antes de las anteriores elecciones autonómicas catalanas de 2012, el PP lanzó un vídeo que, con el título «Nos gusta Cataluña», incorporaba opiniones de diversos dirigentes del partido. El objetivo, teóricamente, era mostrar la cercanía del PP a los catalanes, pero el vídeo acabó siendo conocido por la estelar aparición en él de Mariano Rajoy: «los catalanes son emprendedores. Hacen cosas. Exportan».
Tal manifestación de desaforado amor por los catalanes (un pueblo que «hace cosas» y «exporta») ha degenerado bastante en estos años, a juzgar por la reciente intervención de Rajoy en Onda Cero. Entrevistado por el periodista Carlos Alsina, Rajoy dio una lección de ignorancia y pasotismo en materia tan poco importante como la nacionalidad y los derechos de los ciudadanos.
La cosa llegó al esperpento cuando entrevistador y entrevistado cambiaron los papeles: Alsina, muy didáctico, le explicó al presidente del Gobierno que los catalanes, como españoles, tenían la nacionalidad española, y que no podían perderla así como así, a menos que renunciasen explícitamente a ella. Rajoy puso cara de perplejidad y musitó «eh? ¿y la europea?» (suponemos que se referiría a la Unión Europea, porque en cualquier caso Cataluña, se independice o no, seguirá ubicada geográficamente en Europa). Pero Alsina, implacable, remachaba: la europea tampoco se puede perder, puesto que va incluida con la española.
Llegamos a las elecciones de hoy, reconvertidas en plebiscitarias por los independentistas, en una situación mucho peor que hace tres años, cuando Rajoy alababa las «cosas» que hacen los catalanes. Parte del problema deriva de que, durante este tiempo, el independentismo ha hecho muchas cosas, pero Rajoy apenas ninguna. Ha dejado que el problema vaya enquistándose y pudriéndose, en la confianza de que, tarde o temprano, el asunto se solucionase por sí mismo. O bien que llegase otra persona a La Moncloa para lidiar con él.
Entre las incomparecencias de Rajoy, brilla con luz propia el problema de las balanzas fiscales y el sistema de financiación autonómica, que es uno de los puntos de conflicto fundamentales entre el Estado y Cataluña, y que explica el raudo crecimiento del independentismo en los últimos cinco años. Un problema que no es sólo catalán, sino compartido con las demás regiones del arco mediterráneo: Baleares, Murcia y la Comunitat Valenciana aportan más de lo que reciben.
En el caso de Baleares y Cataluña, el problema parte de una base totalmente razonable (son regiones ricas, y lo normal es que aporten más). La cuestión es cuánto han de aportar, y cuánto han de recibir. Murcia, región pobre, obtiene un saldo neutro, cuando debería recibir más. Pero la Comunitat Valenciana, también por debajo de la media, aporta más de lo que recibe, situación absolutamente insólita.
El déficit fiscal, estimado por el propio Ministerio de Hacienda en más de 2000 millones de euros, está detrás del deterioro de los servicios públicos, los retrasos en los pagos a proveedores, los recortes, etc. No todo es culpa del despilfarro (que también lo hubo). ¿Cómo puede un Gobierno aceptar que algo es injusto, que es un problema serio, que supone un claro foco de discriminación, y a pesar de todo estar cuatro largos años sin hacer absolutamente nada?
La excusa de la crisis no es válida. Que haya menos a repartir no significa que tenga que repartirse mal. Sencillamente, Rajoy hace, como en casi cualquier asunto, lo que se ajusta mejor a su naturaleza: tomar la decisión de no tomar ninguna decisión. Y aquí estamos, con un problema gravísimo de financiación, más grave conforme pasa el tiempo, más enquistado. Un problema que deriva, al menos en parte, de la irresponsabilidad del presidente del Gobierno, de su continua dejación de funciones; de creer que la mejor manera de afrontar los problemas es, sistemáticamente, ignorarlos.
