En los últimos meses algunos políticos recién llegados a altos cargos de la Administración han anunciado distintos proyectos e incluso han pretendido tomar decisiones que han tenido que frenar de inmediato. Así, se ha hablado de rescatar servicios públicos sometidos a concesión, de reponer con brevedad una radiotelevisión pública, o de efectuar nombramientos en favor de ciertas personas carentes de requisitos. De estas y otras cuestiones han tenido que desdecirse con rapidez, una vez se han percatado de la imposibilidad de practicarlas según lo prometido o anunciado. Y quedan pendientes innumerables avisos de gastos para los que no habrá fondos.
A los políticos recién nombrados se les concede tradicionalmente un margen de cien días de gracia. Durante este plazo se atenúan las criticas de los opositores y los medios de comunicación. Pero obviamente la ausencia de censura no puede ser absoluta, pues hay cuestiones que no se pueden soslayar. Una cosa es emprender una acción de gobierno y otra anunciar una medida espectacular y desdecirse al poco tiempo tras descubrir que es inviable. Esto denota una precipitación, unida a una falta de información, que sólo pueden generar desconfianza en los ciudadanos, precisamente en tiempos en que éstos habían comenzado a esperar algo más de los políticos.
Se puede argumentar que el recién llegado es nuevo e inexperto. Pero eso no lo justifica todo. En la Administración y en cualquier otra organización antes de anunciar o hacer algo hay que informarse y hacer valoraciones. No se puede decir que se va a rescatar una concesión, que le adviertan a uno de que eso es inviable jurídica y económicamente, y desdecirse de inmediato. ¿Es que no consultó a los funcionarios que llevaban el tema? Porque, de haberlo hecho, le habrían prevenido con rapidez. O peor aún, no les consultó porque no confiaba en ellos, situación que por desgracia se produce con cada cambio político. Fatal equivocación, porque cualquier funcionario, estuviera nombrado por quien fuera, hubiera informado con lealtad y hubiera evitado el sonrojo de la rectificación. Y, si no se fiaba de los jefes a quienes iba a destituir, otros habría que hubieran podido aportar luz. Aunque tal vez lo que se pretendía era actuar por libre. Ahora mando yo y hago y deshago lo que quiera, sobre todo si lo han montado los anteriores. Sin tener en cuenta que la Administración opera sometida a normativas y procedimientos bien conocidos por los funcionarios. Con las pasadas elecciones quedó claro que los ciudadanos no deseaban más ilegalidades, corruptelas ni ligerezas innecesarias. Cúmplase.
