Hace bien la Federación de Contratistas de Obra Pública de la Comunitat Valenciana (Fecoval) en plantear fórmulas de aportación privada para obtener un fondo de entre 200 y 300 millones de euros con el que incentivar las inversiones públicas. Los empresarios están angustiados por la escasa actividad de las administraciones valencianas en materia de obras y creen que una posible solución sería que el capital privado adelantara el dinero y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) garantizara su retorno al remitente.
Los contratistas lo hacen pensando en ellos, claro está, pero ellos son también el empleo y la dinamización económica. El nuevo gobierno de la Generalitat ha echado a andar con una losa de más de 40.000 millones de euros sobre sus espaldas y lejos de amilanarse va prometiendo devolver a jubilados y discapacitados cerca de 240 millones de euros del copago farmacéutico; pagar los 200 millones que se deben en subvenciones a la compra de viviendas; abonar los libros de los alumnos de Primaria y Secundaria; ampliar las becas de comedor y transporte escolar; mejorar la enseñanza universitaria sin subir las tasas y un larguísimo etcétera que siempre queda confiado a la llegada de una nueva, justa y abundante financiación estatal, ahora pedida por todo el arco parlamentario valenciano.
La idea de los bonos de capital privado para financiar inversiones en infraestructuras no es nueva. Ya la barajaron en la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) para abrir brecha en la construcción del nuevo corredor mediterráneo de ferrocarril. Pero quedó en nada.
A la hora de rascarse el bolsillo, el capital es muy exigente y reclama garantías que ahora mismo no se dan. Por el diez por ciento de lo que Fecoval quiere recaudar con sus aportaciones avaladas por el IVF, alguien podía haber comprado el Valencia CF en las mismas condiciones que Peter Lim. Pero no salió nadie.
