Tras el precario referéndum de noviembre de 2014 y estas elecciones autonómico-plebiscitarias, lo único claro que puede afirmarse es que el problema sigue aumentando, si cabe; y sigue sin solución, habida cuenta de la polarización que se ha producido en este proceso rupturista con el resto de España, como no podía ser de otra manera, dada la gravedad de la cuestión que se discute y de cuya solución depende el posible fraccionamiento paulatino de la nación. Lo que para nada parece haber entendido Pablo Iglesias, que en la noche electoral se encontraba sorprendido por el negativo resultado obtenido por su proyecto catalán de Podemos. Sus declaraciones parecían las de una persona absolutamente despistada de lo que es este país y de lo que, realmente, se cocía en la votación de ayer. Haber asumido el planteamiento de IC-IU, de apoyar una consulta para luego votar en contra de la independencia, no se entiende.

Y así lo han considerado los ciudadanos tanto antes, con IC-IU, y ahora con Podemos, su sustituto. Cuando llega la hora de la verdad, con el riesgo evidente de desmembración del país, lo primero es lo primero. O sea, primero hay que atender a hacer viable el país, y a partir de ahí, ver los derechos que cabe conseguir para la ciudadanía, pero no al revés. No se puede hablar de derechos si antes no se sabe si va a existir el país donde estos derechos puedan reivindicarse y en su caso, ejercerse. Craso error de Pablo Iglesias, que les llevará a la extinción de su proyecto político, y si no, al tiempo.

Los resultados electorales del 27S, han provocado que los independentistas no consigan el triunfo que hubieran deseado, esto es, una mayoría absoluta de escaños y de votos para intentar justificar su apuesta secesionista. Y ello, lógicamente, atendiendo a la razón, que no al voluntarismo expresado por los líderes de esta opción durante esta larga campaña electoral. Su debilidad argumental se acrecienta tanto frente al resto del país como frente al ámbito internacional, especialmente en cuanto a la UE se refiere.

Efectivamente, por mucho que se insista en su derecho democrático a decidir, es obvio que constitucionalmente no es admisible tal planteamiento cuando éste se reserva al conjunto del país. La alternativa seguida, puede y debe considerarse un acto de resistencia pasiva, hasta ahora; pero que podría convertirse en resistencia activa, con el devenir de los actos de desconexión que se tienen anunciados por Oriol Junqueras en la noche electoral. Y a todo esto hay que sumar la incapacidad patética de Rajoy y su gobierno para resolver el problema. Alguna paradoja de la consulta a destacar puede ser ver cómo con menos votos se puede disponer de más escaños, atentado grave a la igualdad donde lo haya, aunque ya estemos acostumbrados por una ley electoral que pide con urgencia su reforma.