09 de octubre de 2015
09.10.2015

Financiación justa y justicia social

Es urgente que haya una financiación justa de País Valenciano que permita cubrir las necesidades sociales, en el marco de un sistema económico y fiscal que potencie la justicia social permitiendo que los de abajo recuperen lo que les han robado.

09.10.2015 | 04:15

Un sistema de financiación justo, como el que propugna Ahora en Común-Valencia, requiere «que cada uno aporte según su renta y cada entidad territorial reciba según sus necesidades». Esto, claro está, en el marco de un sistema fiscal progresivo en el que quien más gane aporte una proporción mayor de su renta y, por tanto, haya una transferencia neta desde las rentas superiores a las inferiores. Algo que, normalmente, haría que hubiera también una transferencia neta desde los territorios con rentas superiores hacia los territorios con rentas inferiores.
Sin embargo, sabemos que, en relación con Valencia, pasa justo lo contrario: teniendo una renta media inferior a la del conjunto de España, desde el País Valenciano se aporta más de lo que se recibe. Esto es un signo claro de la injusticia del sistema de financiación. De hecho, la exigencia de recibir del Estado en proporción a la población del País Valenciano es todavía una reivindicación pendiente que las aguadas reformas estatutarias no han llevado a la realidad.

Ciertamente, esta injusticia es coherente con la injusticia general del sistema económico y fiscal, bajo un Estado en el que trabajadores pagan por término medio más impuestos que los empresarios y las rentas del capital a través del Impuesto de Sociedades tributan menos que las rentas del trabajo a través del IRPF. En un contexto en el que las reformas laborales, disminuyendo el poder negociador de los sindicatos, han propiciado una mayor transferencia de renta desde la clase trabajadora hacia los propietarios del capital.

Y también el déficit de financiación en Valencia lo sufren los de abajo, al privar de recursos a la educación, la sanidad y los servicios sociales que son competencia autonómica. Situación agravada por el despilfarro y la corrupción en los que se han manchado los que han gobernado la Generalitat desde el PP, generando una deuda ilegítima impagable, de la que deberían hacer cargo los responsables de unas inversiones que han sido ruinosas para el pueblo valenciano, pero muy provechosas para los que se han llenado los bolsillos con ellas.
Es urgente invertir la situación, de modo que haya una financiación justa de País Valenciano que permita cubrir las necesidades sociales, en el marco de un sistema económico y fiscal que potencie la justicia social permitiendo que los de abajo recuperen lo que les han robado. El pueblo valenciano deberá exigirlo en la calle este 9 de octubre, y tendrá que volver a exigirlo en las urnas el próximo 20 de diciembre.

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