Da igualdad es una de las principales exigencias que se proclamaron con la revolución liberal, hasta el punto de que se convirtió en enseña del pueblo francés con su conocido lema de «libertad, igualdad, fraternidad», una proclama que fue inicialmente enarbolada por Robespierre en su discurso ante las milicias nacionales en 1790. A partir de ahí, los Estados fueron asumiéndola como un pilar fundamental de la democracia, y en nuestra Carta Magna viene integrada como una cláusula general donde se fija la igualdad de todos los españoles ante la ley y se prohíbe la discriminación por razones personales o sociales.
Bajo esta premisa, sustentada en esa igualdad de todos los españoles, debe articularse el discurso contra la infrafinanciación que está sufriendo la Comunitat Valenciana. El acuerdo alcanzado el pasado 6 de octubre en Las Corts supone un punto de inflexión fundamental en dicha reivindicación, puesto que todos los partidos del arco parlamentario valenciano han conseguido unirse para alzar su voz en Madrid. Como indicaba Levante-EMV, desde que se llevaron a cabo las transferencias de competencias en 2002, el desajuste inversor se cifra en 12.433 millones de euros y eso es un tema que debe abordarse con urgencia por el futuro Gobierno de España. Esta realidad económica nos ha situado en un punto totalmente insostenible y donde la unidad de acción y altura de todas las fuerzas sociales, como han demostrado gobierno y oposición, serán las claves para exigir lo que nos corresponde a los valencianos.
No cabe duda de que es bueno que todos los partidos políticos se comprometan a abrir el debate sobre la financiación autonómica la próxima legislatura, y a partir de ahí seremos nosotros los que debamos actuar con diligencia y exigir que esto se produzca y no sea un mero espejismo preelectoral. Pero la única base sobre la que se puede cimentar esta cuestión, es respetar el principio de igualdad. Considerar que cuestiones históricas o territoriales pueden ser algo más de un elemento de orgullo patrio supone retrotraernos a épocas tribales, rompiendo el más básico sentido común y el legítimo principio de igualdad de todos los ciudadanos, a la que vez menospreciar la realidad cultural y política del resto de territorios que también pueden invocarlo. Nadie puede seguir defendiendo cupos o cláusulas especiales, y el hecho diferencial valenciano, como hacen vascos, navarros o catalanes, ha de ser la Constitución y el Derecho en la búsqueda de una sociedad igualitaria y donde se garanticen principios sociales básicos para todos.
