A raíz del proceso independentista que se vive en Cataluña durante los últimos años, se había resaltado el contraste que se percibía actualmente en el País Vasco: con la (casi) desaparición de ETA y el perfil moderado adoptado por el actual lehendakari peneuvista, Íñigo Urkullu, dicha zona había dejado de ocupar las primeras páginas como autonomía histórica conflictiva, en contraposición con la exaltada Cataluña. Pero las demandas del secesionismo catalán tenían que afectar, de un modo u otro. Y se han materializado con el cuestionamiento (por parte de PSOE, PP y Ciudadanos) de una línea roja: el concierto económico.
Desde la presidencia del gobierno vasco (y del navarro, encabezado ahora por una nacionalista, Uxue Barcos) se ha saltado como un resorte ante las declaraciones de mandatarios socialistas (como la andaluza Susana Díaz o el valenciano Ximo Puig), en torno a las «asimetrías» en materia de financiación, generadas por el cupo vasco o la aportación navarra (que quedan al margen del sistema de financiación compartido por las restantes autonomías). Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, abogaba directamente por unificar el sistema de financiación de vascos y navarros con el resto de comunidades, bajo el argumento de que la UE no acepta las particularidades del cupo.
En principio, puede parecer poco oportuno abrir un contencioso con Euskadi y Navarra, mientras la inflamación catalana no remite. Pero también puede ser la excusa, de cara a la próxima legislatura, para querer atajar todo el lío con una reforma constitucional y un sistema de financiación más homogéneos (que podrían ser del gusto de los votantes de PP, PSOE y Ciudadanos). La duda reside en ver si un pacto de ese calibre sería aceptable para una mayoría de vascos, navarros y catalanes.
