Ximo Puig reedita la decisión adoptada por Francisco Camps, antecesor (con la salvedad intercalada de Alberto Fabra) como presidente de la Generalitat, de nombrar a un jurista para ocupar la Secretaría Autonómica de Comunicación. Si en 2004 Camps recurrió a la abogada Paula Sánchez de León, en este caso Puig se inclina por un reputado profesor de Derecho Constitucional, José María Vidal. Ambos han esquivado el lógico perfil periodístico para este cargo que sí tenían los predecesores de los citados Sánchez de León (Pedro García en aquel caso) y Vidal (Lydia del Canto, en 2015).

Al igual que ya hizo Sánchez de León, el docente de Derecho Constitucional tendrá entre sus funciones la firma del reparto de licencias de televisión y radio. En 2004 la que luego ejerció de consellera de Justicia suscribió una polémica distribución de concesiones que tuvo como principales muñidores al propio presidente de la Generalitat y a su conseller portavoz, Esteban González Pons, que fue quien directamente presentó en rueda de prensa el resultado de sus deliberaciones.

Casi once años más tarde Vidal asume el reto de afrontar un proceso similar (espero que con mayor transparencia) y de desenmarañar el entramado jurídico que permita habilitar una radiotelevisión pública valenciana. ¿Constituyen motivos suficientes para nombrar a un jurista secretario autonómico de Comunicación? Desde mi punto de vista, no.

El diseño de la estrategia de comunicación del Consell, la transmisión de su gestión política y práctica y lograr que esa labor cale en un ciudadano exigente y ávido de mejoras económicas, depende en gran medida de escoger a la persona idónea para ese cargo. ¿Lo es Vidal? El tiempo dictaminará.

En cualquier caso, el perfil adecuado habría sido el de un profesional de la comunicación formado y cualificado para procesar y transmitir información, habituado a trasladar esos datos a la sociedad y conocedor de la estructura comunicativa valenciana (no únicamente de la de RTVV). Creo más en la figura de un periodista curtido en medios y acostumbrado a difundir. Al fin y al cabo, la comunicación se basa en la escucha y en la traslación de contenidos, en el intercambio e interpretación de mensajes en ambos sentidos.

La responsabilidad del nuevo secretario autonómico puede prolongarse toda una legislatura y consistirá en mucho más que en rubricar un reparto de licencias. De cerciorarse de la legalidad de este último proceso pueden ocuparse los servicios jurídicos del Consell.

Del departamento de Vidal dependerá, por ejemplo, la coordinación del equipo de comunicación de Presidencia y de los gabinetes de prensa de las diferentes consellerias. Cierto que la dilatada experiencia periodística del director general de Relaciones Informativas, Ximo Clemente, constituye un báculo de garantías. No obstante, no puede cargarse sobre sus únicas espaldas una labor tan compleja y fundamental como la de organizar toda la comunicación de la Generalitat. De hecho, si existe una secretaría autonómica con esa denominación específica debería de ocuparla alguien con un perfil periodístico acreditado para, en conexión con el director general, organizar de manera adecuada un área de esta envergadura e importancia.