La lucha contra el cambio climático recibía hace unos días una mala noticia: el Gobierno español, lejos de primar la energía solar fotovoltaica, se dedicaba a hundirla con un mal decreto que apenas puede sostener con argumentos técnicos su objetivo real, que pasa por impedir un autoconsumo real en la vivienda que ahorre recursos naturales y limite las emisiones a la atmósfera asociadas al carbón, el gas y el petróleo, entre otros combustibles. Incluso desde el oficio de periodista, cuesta abonarse siempre a las teorías de la conspiración y al papel de los «poderes en la sombra». Tampoco hace falta en este caso. La complicidad entre el Gobierno español y las compañías eléctricas es tan evidente que ya ni buscan el imposible decoro ni el chusco disimulo. Si no que alguien explique cómo es posible que Iberdrola presente el 24 de septiembre en Bilbao su campaña «Smart solar», ofreciendo a sus clientes un descafeinado remedo de autoconsumo y el Gobierno no apruebe el decreto regulador que hace viable la oferta de la empresa hasta el 9 de octubre. O uno (la eléctrica) se adelantó o el otro (el Gobierno) se retrasó. O es que a los dos les da lo mismo ya a estas alturas «el qué dirán». El resultado de tanto apaño es predecible: las eléctricas seguirán ganando dinero y pagando salarios de escándalo como los que reciben sus presidentes y su corte de asesores mientras las pequeñas ingenierías, fabricantes de placas y dispositivos electrónicos, los instaladores, etc. perderán la posibilidad de crear nuevos puestos de trabajo y recuperar la depauperada economía nacional. Cuestión de prioridades.
El decreto de autoconsumo impide a España aprovechar uno de sus principales recursos: el sol; condena al país a seguir consumiendo millones y millones de barriles de petróleo que sangran su economía y lastra la inaplazable reducción de las emisiones de CO2. Y todo de una tacada.
