Gobierno de Rajoy y Consell de Ximo Puig continúan a la greña por las estrecheces económicas de este último, una bronca aliviada en parte por el hecho de que el inquilino de la Moncloa haya dado por fin fecha y hora de entrevista al residente en el Palau cien días después de su toma de posesión y tras reiteradas y aireadas peticiones.
Dice el Ejecutivo central que si la Generalitat no puede pagar, por qué promete devolver la paga extra a los funcionarios. El gabinete autonómico responde que el Estado la suprimió y él mismo la repone, aunque con el dinero regional, ahora inexistente.
En pleno conflicto, una singular revelación, la de la vicepresidenta Mónica Oltra en LevanteTV: El Consell del bipartito quería subir los impuestos para 2016, pero no ha tenido tiempo de tramitar la modificación. Sólo ha podido retocar al alza el tributo sobre Patrimonio, que tendrán que pagar 1.800 valencianos más a partir del 1 de enero, con una recaudación añadida de unos 29 millones de euros.
Se podrá entender que los responsables del nuevo gobierno autonómico solo tienen dos manos, como subrayaba Oltra, pero resulta difícil aceptar que una de las principales herramientas de redistribución de la riqueza, la política fiscal, se deja pendiente para 2017 porque políticos y funcionarios no han logrado plasmarla a tiempo en cien días.
Tradicionalmente, la izquierda sube los impuestos y la derecha los baja. Los primeros, para obtener fondos con los que costear políticas sociales; los segundos, para facilitar la actividad económica y el gasto privado con el fin de generar empleo. Ahora, las arcas autonómicas están vacías, se deben 44.000 millones de euros y la inminencia de unas elecciones generales aviva la disputa política y desaconseja decisiones impopulares. Pero un día habrá que dejar de lamentarse y empezar a gobernar. Si es posible.
