El PSOE ha sido el primer partido en presentar su esbozo de programa económico para las próximas elecciones generales. Los socialistas quieren, por un lado, marcar territorio ante la invasión de los partidos emergentes y, por el otro, guardar distancia con el PP en el campo de batalla en el que se centrará buena parte de la campaña electoral. Ya no es tiempo de poner un duda la recuperación, pero si su precio y su consistencia. El exministro Jordi Sevilla y su equipo de expertos han elaborado para Pedro Sánchez la denominada "Agenda para una recuperación justa", en la que se plasma, según destacan, el cambio de modelo de crecimiento que necesita España. Los socialistas parten de la idea de que la recuperación económica que ha sorprendido a Europa por su ritmo (por encima del 3% del PIB anual) es frágil, porque se sostiene en factores externos volátiles; es injusta, porque está incrementando la desigualdad, y es insuficiente, porque no está reduciendo de forma contundente los altos niveles de paro de España. La alternativa que plantean desde el PSOE tiene como objetivo "crecer para repartir" (el anhelo socialdemócrata) y el cambio en el modelo económico está sustentado en lo que han denominado como "economía 4.0", un término que ya ha hecho fortuna y ha renombrado la nueva versión económica del PSOE como "Socialistas 4.0".

Más allá de los términos, la meta principal del ideario es mejorar la productividad impulsando el sector industrial y los sectores avanzados de alto valor añadido para que la competitividad de España no se base en precariedad laboral y devaluación salarial. El ideario 4.0 incluye la reducción de la brecha digital (con la meta de conseguir que antes de 2020 todos los hogares españoles puedan disponer de conectividad con banda ancha) y la recuperación del talento científico (con el retorno de 10.000 jóvenes investigadores en cuatro años), pero no concreta cómo. Incluye también el compromiso de duplicar la inversión en I+D+i y reformar su sistema de deducciones fiscales, crear una red de centros tecnológicos y una "verdadera" Agencia Estatal de Innovación, establecer un nuevo programa de estímulo a la colaboración público-privada en investigación industrial con una dotación de 200 millones de euros anuales e impulsar la compra pública innovadora, bautizada con el acrónimo CPI para darle empaque tecnológico. Esta última medida es novedosa. Los socialistas proponen dedicar el 3% de todas las nuevas inversiones públicas a la CPI para estimular la demanda, permitir a las empresas validar nuevas tecnologías y conseguir un efecto demostrador ante clientes -públicos y privados- de terceros países, que piden referencias sobre empresas españolas que optan a licitaciones en el extranjero. Además están convencidos de que con esas compras mejorarán los servicios públicos a los ciudadanos, incorporando tecnologías y procedimientos novedosos.

Estas medidas -que aún deben avaluarse económicamente para formar parte del definitivo programa electoral- junto a otras para favorecer a los emprendedores y el incremento del tamaño de las empresas, su financiación y su internacionalización, ayudarán a apuntar el crecimiento según los socialistas. Es la primera pata del "crecer para repartir". En la segunda destacan una reforma tributaria que incluye la recuperación o armonización de los impuestos de patrimonio y sucesiones (con un tipo mínimo común nacional que evite que los gobiernos autonómicos los eliminen), el impulso de un impuesto sobre transacciones financieras, nuevos tributos "verdes" y el establecimiento de una tributación mínima del 15% en sociedades para evitar que las grandes empresas paguen menos de ese tope. El paquete fiscal se completa con los 20.000 millones de euros que pretenden recaudar de más con la lucha contra el fraude, dinero que pretenden destinar a tapar las grietas en el Estado del Bienestar.