El Partido Popular ha mordido en la molla, por fin. Después de unos cuántos intentos de sacar a la luz discrepancias y disfunciones entre los dos socios del gobierno autonómico, el diputado Luis Santamaría ha decidido llevar a las Corts varias iniciativas relacionadas con lo que ya se conoce como «el cambiazo», un feo asunto del que Levante-EMV viene informando y que ha obligado al presidente Ximo Puig a intervenir para que dos de sus conselleries, Justicia y Transparencia, cada una gestionada por un partido, dejen de pelear por una competencia en materia de Memoria Histórica.
Los roces entre los departamentos de Gabriela Bravo y Manuel Alcaraz parecen frecuentes e inevitables, al trabajar sobre áreas de difícil separación, pero nadie podía pensar que un texto competencial fijado en una reunión interdepartamental aparecería publicado con otra redacción en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), en unos términos que se parecen más a los que buscaba Transparencia (de Alcaraz, de Compromís) que a los mantenidos por Justicia (de Bravo, del PSPV-PSOE).
El contenido del documento no justifica, en apariencia, el lío que subyace. Un gobernante tiene que tener la seguridad de que lo que decide es lo que entra en vigor tras ser publicado en el boletín oficial correspondiente, y eso no ha sucedido en este caso. No puede ser que alguien dé el «cambiazo» a un papel un minuto antes de su publicación. La indagación que se abrió en Presidencia y el DOGV a instancias de Bravo aún no ha concluido pese a que hace un mes que se produjo lo que fuera que sucedió. Todos los actores esperan, pero el asunto no se resuelve. Y es ahí donde Santamaría ha entrado. Quizás la calificación de falsificación de documento público sea excesiva, pero el caso pone de manifiesto el ambiente en el gobierno del llamado «mestizaje», en el que los consellers de cada partido gestionan con altos cargos nombrados por el socio.
