No está claro aún cómo hay que calificar el hecho de que el Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra haya cuadrado sus primeros presupuestos con un déficit de 1.300 millones de euros señalando que eso ya se pagará con la nueva financiación autonómica. El abanico de palabras incluye desde temeridad hasta justicia pasando por osadía y determinación. Cuando el Ejecutivo de Alberto Fabra y el PP hizo lo mismo hace más o menos un año, incluir unos ingresos ficticios de 1.000 millones, los socialistas pusieron el grito en el cielo y los compromisistas llevaron el caso a los tribunales. La única diferencia estriba en que el Consell actual lo ha reconocido abiertamente, pero eso no pagará las facturas, porque los ingresos serán ficticios pero los gastos seguro que son reales.
Una parte de la sociedad recibirá los presupuestos del nuevo gobierno como los del final de los recortes, los del retorno de la apuesta por la justicia social y los desfavorecidos, a quienes se pretende rescatar. Todos ellos son propósitos loables, pero las buenas palabras y las cifras hinchadas tampoco pagarán las facturas. Es como si la Generalitat, con incrementos que van del 4,3 % hasta el 18,7 % en los presupuestos por conselleries hubiera tratado de elaborar las cuentas que la sociedad valenciana se merece, y no las que puede pagarse. Sugerir que si Madrid no aporta el dinero que falta para cuadrar el presupuesto se entregarán en Moncloa las llaves del hospital La Fe o del geriátrico de Carlet para que se hagan cargo es un golpe de efecto, pero ni siquiera eso pagará las facturas. Proveedores como los farmacéuticos, las empresas de limpieza de colegios o las constructoras que mantienen las carreteras son los que se quedarán sin cobrar, y volverán las facturas en los cajones que empobrecen a todos. Mientras, la precampaña, la campaña y la postcampaña electoral continuará entre los partidos con la futura financiación autonómica como protagonista, confiando en un reparto cada vez más difícil del dinero del Estado.
